El Gobierno gasta 2 millones en alentar denuncias de «racismo estructural» para su ofensiva anti-prensa

El Gobierno quiere impulsar una suerte de gran hermano para poder controlar los delitos de odio. Para ello, a través de los ministerios de Igualdad y Presidencia, va a lanzar dos campañas publicitarias por valor de casi dos millones de euros para animar a los españoles a que denuncien episodios que consideren racistas. Una iniciativa que coincide con la Ley de Medios de Sánchez para acabar con los «bulos» y con las últimas declaraciones de la Fiscalía sobre la intervención en contra de mensajes en redes sociales que incluyan mensajes ofensivos.

Concretamente, este plan se articula a través de dos campañas de publicidad institucional. La primera se enmarca dentro del Ministerio de Igualdad, y tiene como objetivo «sensibilizar a la ciudadanía sobre la existencia del racismo estructural y sobre la gravedad de los actos de discriminación étnica o racial». Para ello, el organismo encabezado por Ana Redondo invertirá más de 1,2 millones en animar a las personas -tanto víctimas como testigos- a denunciar los episodios que se relacionen con este «racismo estructural». A esta campaña se suma otra del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que destinará 600.000 euros en dar a conocer las oficinas donde pueden denunciarse este tipo de delitos. Ambas iniciativas publicitarias, que en su conjunto suman un gasto de 1,8 millones, comenzaran en 2025 y se difundirán a través de internet y de diferentes medios de comunicación.

Además de esto, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública también contempla de cara al próximo año una campaña con un presupuesto de 2,8 millones para controlar los mensajes en redes sociales. Concretamente, el organismo de José Luis Escrivá lanzará desde enero de 2025 mensajes publicitarios en prensa e internet para dar a conocer la línea 017, un teléfono similar al 112 o al 016, donde los ciudadanos pueden denunciar «contenidos inadecuados en redes sociales».

Ley de Medios

Este interés del Gobierno en promocionar sus canales institucionales e instar a los españoles a que denuncien los episodios racistas se encuentra dentro de la ofensiva del Gobierno contra «la máquina del fango». En los últimos días, a raíz de los mensajes en redes sociales sobre la nacionalidad del asesino de Mateo -el niño de 11 años apuñalado en Mocejón- el Fiscal contra los Delitos de Odio ha planteado prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio «en los casos más graves» y que los usuarios estén «debidamente identificados».

Asimismo, desde la Fiscalía se apuesta por introducir mejoras legales para que por parte del Ministerio Público y los tribunales «se pueda interesar la prohibición de acudir a entornos digitales». Además, el fiscal considera que «sería una pena proporcionada y necesaria» cerrar el acceso a «aquellas personas que se han servido de utilizar Internet o redes sociales para la comisión de un delito», «en los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto». Igualmente, apuesta por analizar que los usuarios de redes sociales «estén debidamente identificados»: «Y que, sobre todo, cuando la requiera la autoridad judicial, se facilite la identidad de las mismas».

Y no hay que olvidar que Sánchez ya prepara la Ley de Medios. El pasado 16 de junio, Sánchez daba sus primeros pasos en su ofensiva para amordazar a la prensa crítica y anunciaba un plan de «acción democrática» para «acabar con la impunidad» de lo que considera «pseudomedios» que, dice, «están financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox».  Por el momento, el presidente socialista apenas ha detallado las medidas de este plan, que piensa concretar en los próximos meses, pero ya se incluye una reforma del derecho del honor y la rectificación.