El Gobierno se dispone a aprobar la exhumación de Franco en el segundo consejo de ministros de febrero

En el Consejo de Ministros del 8 de febrero. Es la reunión en la que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner fecha a la exhumación de Franco.

Concluido el plazo legal para que las partes personadas en el expediente administrativo vigente- familia, Fundación y comunidad benedictina- presentasen sus alegaciones finales, el Ejecutivo socialista cerrará el trámite, con un informe favorable, en las próximas semanas y baraja aprobar la orden definitiva para la retirada de los restos del dictador, del Valle de los Caídos, en uno de los dos primeros Consejos de Ministros del mes de febrero.

Dicha decisión, en la que se fijará el día y las acciones concretas para materializar la salida de Franco de la basílica de Cuelgamuros, pondrá en marcha el contador de dos meses previsto para la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo que tanto la familia como la Fundación Francisco Franco han avanzado para plantar batalla legal. El alto tribunal ya advirtió a los socialistas que no podrán ordenar expresamente la exhumación sin dar antes la oportunidad de impugnar, de nuevo, el futuro acuerdo a los interesados.

Escenario que complica las cosas a un Gobierno que se plantea, además, confirmar la orden de exhumación en el mismo acuerdo del pleno ministerial que modificará, una vez más, la Ley de Memoria Histórica con la que los socialistas tratan de evitar que los restos de Franco puedan ser inhumados en La Almudena. Los nietos del dictador han manifestado su deseo de trasladarlo allí si, finalmente, se produce su salida del Valle de los Caídos.

Los herederos de Franco, desde un primer momento, se opusieron frontalmente a la exhumación. Pero han expresado su deseo de que la alternativa a dicho escenario pase por enterrarlo en una de las sepulturas vacías que la familia posee en la cripta de la catedral madrileña.

El Gobierno se plantea acordar en el mismo Consejo de Ministros la fecha de exhumación y la prohibición de inhumación en La Almudena

Insisten en que el Gobierno carece de competencias en lo correspondiente a la reubicación de los restos del dictador y que, en consecuencia, no puede adoptar decisiones sobre dicha materia. Mucho menos «si las mismas tratan de prohibir que sus legítimos herederos lo ubiquen en una propiedad privada» a la que la Iglesia no se opone, «al contrario de lo que sucede en el caso de la Basílica Cuelgamuros» donde el propio Gobierno ha reconocido que no podrá intervenir «sin sortear la falta de la autoridad eclesiástica competente» recuerdan en declaraciones a OKDIARIO.

Por su parte, la Fundación Franco denuncia que «en la cuestión de la inhumación» el Gobierno se ha «inventado»un trámite no previsto en el propio «decretazo» con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó la modificación de la ley para iniciar los trámites de la exhumación del dictador y supone, en su opinión, «una irregularidad más» en el proceso.

“En contra del procedimiento que el propio Gobierno fijó», autorregulándose, «vía decretazo» para «asegurar la exhumación, la instructora del expediente no sólo deniega las pruebas solicitadas por las partes interesadas, sino que se inventa un nuevo trámite de otro dócil al Gobierno: el delegado de Madrid”, afirma la Fundación en un comunicado emitido a finales del pasado año.

Y añaden que el informe emitido por éste se trata de un previo “no contemplado en la disposición adicional sexta bis de la Ley 52/2007 tras la modificación por el Real Decreto-ley 10/2018″ y sin ningún tipo de base técnica, tal y como hacían constar el pasado lunes en el escrito de alegaciones presentado en Justicia contra las actuaciones del Ejecutivo socialista, en el expediente de exhumación de Franco.