El Gobierno desoye a las víctimas: dice «desconocer» sus quejas sobre los beneficios a etarras
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El 74% de los presos que ETA tenía el día que anunció el adiós a las armas ya está en la calle
El Gobierno de Pedro Sánchez asegura desconocer el malestar que han provocado entre los colectivos de víctimas del terrorismo los excarcelamientos, acercamientos y progresiones de grado concedidos a presos de ETA. Así lo reconoce el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados cuando se le pregunta por las quejas presentadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ante la Fiscalía General del Estado, que en estos meses no ha recurrido ni una sola de las libertades condicionales otorgadas a etarras, ni tampoco ante los beneficios y acercamientos concedidos en medio de la estrategia negociadora del PSOE con EH Bildu.
«En relación con las demandas que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha presentado a la Fiscalía, cabe indicar que se desconocen las mismas», asegura el Gobierno en una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo confiesa ignorar así la petición por escrito realizada por la AVT a la Fiscalía General del Estado el pasado mes de agosto, instando al órgano a que recurriera las libertades condicionales que se venían otorgando en los últimos meses a presos etarras por parte de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Una demanda insistente por parte de las víctimas desde que comenzaron las excarcelaciones de etarras.
La asociación que representa a las víctimas hizo entrega al Ministerio Fiscal de Dolores Delgado de un extenso dosier con su propuesta de medidas para evitar la llamada «revictimización» que sufren los afectados por el terrorismo etarra cuando se ven obligados a enfrentarse a un proceso judicial en caso de que la Fiscalía no actúe de oficio.
Según los cálculos de la propia AVT, que el PP recoge como autor en su pregunta al Congreso, en el último año y medio han sido siete los reclusos de la banda que han accedido a la libertad condicional sin que Fiscalía se haya opuesto en ninguno de los casos.
«Estas decisiones, si bien enmarcadas en la legalidad, han causado un hondo malestar en las víctimas del terrorismo y en la sociedad española», recordaba el PP al tiempo que instaba al Gobierno a plantearse una modificación del Estatuto de la Víctima para poder facilitar la presentación de recursos ante los tribunales contra este tipo de excarcelaciones y beneficios penitenciarios.
El Gobierno lo ignora
Sin embargo, en su respuesta por escrito, el Gobierno dice «desconocer» cualquier tipo de iniciativa de este tipo por parte de los colectivos de víctimas, pese a que el pasado 31 de agosto la AVT le presentó ese completo dosier de los casos de excarcelaciones registrados hasta ahora y las irregularidades que han observado en esos procesos. Principalmente, que se ha procedido a la puesta en libertad de presos supuestamente enfermos sin tener en cuenta los informes de los médicos forenses.
El Gobierno, además, cierra la puerta en su escrito a la reforma del Estatuto de la Víctima, considerando que es uno de los «cuerpos legales más avanzados y completos a nivel internacional en cuanto a la protección a las víctimas del terrorismo». Recuerda a las víctimas, en pocas palabras, que la ley les permite emprender acciones legales contra las decisiones que tomen los juzgados de Vigilancia Penitenciaria sobre el futuro carcelario de los presos de ETA. Pero cierra veladamente la puerta a que sea la Fiscalía General del Estado quien conduzca esos recursos.
Por otra parte, el Gobierno asegura que introducirá cambios legislativos en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que afectarán a «las ayudas y prestaciones económicas que se les reconocen». Es decir, más dinero, pero no más apoyo en los tribunales.
«Se han reído de las víctimas»
La puesta en libertad condicional de presos de ETA lleva meses encendiendo los ánimos de las víctimas del terrorismo. El pasado mes de enero, tras poner en libertad al etarra Iosu Uribetxebarria, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, calificó la decisión de «burla total» y «tremendo mazazo». «Se han reído todas estas semanas de las víctimas», lamentó Pedraza.
Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha acercado a la mitad de los presos de ETA a prisiones próximas a sus domicilios. Noventa y ocho del total de 197 terroristas que hay en las cárceles españolas ya están en centros próximos a sus casas, según la AVT. Desde que gobierna Pedro Sánchez, 15 han sido llevados directamente a cárceles del País Vasco y de Navarra. Sánchez lleva ya concedidos, además, a 14 etarras el régimen de tercer grado. La AVT asegura que a Pedro Sánchez «le están saliendo muy caros los Presupuestos Generales del Estado». El 74% de los etarras que estaban presos el día que la banda terrorista anunció el cese de los asesinatos ya están en la calle.
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