El Gobierno se comprometió a acortar las causas por corrupción pero ahora critica la celeridad en la condena de Ábalos

El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a acortar las causas por corrupción, pero ahora critica la celeridad en las causas que acechan al líder socialista. Entre esos casos está la pena de 24 años de prisión contra José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Fomento. El ex mano derecha de Sánchez en el PSOE fue condenado por las mordidas en los contratos públicos para la compra de mascarillas durante el peor momento de la pandemia.

A mediados de julio de 2025, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dinamitó los cimientos del PSOE con un informe que incluía grabaciones que evidenciaban indiciariamente la participación de Santos Cerdán, número tres del partido, en una presunta trama de mordidas en la adjudicación de contratos públicos. Entonces, el Gobierno intentó mover ficha rápidamente para resarcirse.

El Ejecutivo socialista puso sobre la mesa su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción al reconocer entonces que «la corrupción es una de las mayores lacras que enfrentan las sociedades democráticas».

Entre las medidas que se incluyeron en ese documento, una expresión de voluntad del Gobierno, estaba el otorgar «carácter preferente para las causas que involucren a cargos públicos y ampliaremos los plazos de prescripción del delito».

La administración socialista propuso entonces «asimilar las causas contra cargos públicos en delitos contra la Administración o la Hacienda Pública a las causas con preso». Es decir, etiquetar estas causas como urgentes para que se resolvieran lo antes posible.

«De esta forma, tanto en fase de instrucción, como a la hora de señalar el juicio oral o de revisar los recursos, la causa tendrá carácter preferente y permitirá determinar rápidamente la culpabilidad o inocencia del cargo público», recogía ese plan anticorrupción del Gobierno.

Por otro lado, se estableció el estudio de «la creación de un procedimiento sumario y abreviado como el de tutela de los derechos fundamentales para acelerar los trámites y acortar los plazos». Es decir, que en «causas de baja complejidad» se podría lograr «una resolución judicial inmediata».

El PSOE, contra las prisas

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, principal partido del Gobierno, aseguró que había «muchas prisas» con las causas judiciales que afectaban a la izquierda para que el Ejecutivo «caiga antes de verano».

«Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas para que este Gobierno caiga antes del verano», aseguró Mínguez ante las semanas horribilis del Ejecutivo, en la que declararía el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero; Begoña Gómez volvía a acudir ante el juez Juan Carlos Peinado, y Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, comparecía ante el Senado por sus citas con la fontanera del PSOE, Leire Díez.

«Hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud con temas judiciales que afectan a la derecha», apostilló la dirigente socialista en una entrevista en Rne. Concretamente, Mínguez afeó que todas estas causas fueran tan rápido, mientras que el ex ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro «está imputado desde hace un año y todavía nadie le ha llamado a declarar».

Defensores del aumento de penas

El Gobierno, en ese documento, también proponía «endurecer y adoptar nuevas medidas anticorrupción». Pero, ahora, miembros destacados del Ejecutivo como el ministro de Transportes, Óscar Puente, consideraron la condena «desproporcionada».

Por un lado, pedían aumentar los años de cárcel para los corruptos en circunstancias concretas. Se propuso una «penalización agravada» de la «obstrucción a la justicia en casos de corrupción». Se anunciaba que se aumentaría «un tercio de la pena de privación de libertad» y «hasta 10-15 años de inhabilitación absoluta». Por otro lado, se buscó «recuperar el delito de administración desleal del patrimonio público».

Sin embargo, en el Gobierno lamentaron que el ex ministro fuera condenado a 24 años de cárcel y su asesor, Koldo García, a 19 años mientras que el empresario Víctor de Aldama, sólo a cuatro años y medio de prisión y se suspendiera su ejecución por colaborar con la justicia.

Tanto es así que el titular de Transportes publicó un post tras conocerse la sentencia y comparó el caso mascarillas con el de Isabel Carrasco, de la que dijo que «le dieron tres tiros a bocajarro en una pasarela en León». Puente acompañó el texto con una imagen en la que aparecían las penas a Montserrat González (22 años de cárcel como autora), Triana Martínez (20 años como cooperadora necesaria) y Raquel Gago (14 años de prisión como cómplice). «Que cada cual saque sus propias conclusiones», espetó el ex alcalde de Valladolid para criticar lo que consideraba como una pena excesiva para Ábalos.