El Gobierno admite ahora que «se regularizará a 500.000, 600.000, 700.000 inmigrantes o los que sean»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 17/05/2026 05:45
  • Actualizado: 17/05/2026 05:45

El Gobierno ya evita dar cifras sobre el número de inmigrantes que acabarán beneficiándose del proceso de regularización. Las estimaciones del Ejecutivo contemplaban hasta ahora que unas 750.000 personas en situación irregular solicitarían acogerse al procedimiento, y que los beneficiarios finales rondarían el medio millón. Esa cifra, la de los 500.000 inmigrantes regularizados, es la que se ha dado como previsión en distintos documentos oficiales. Sin embargo, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ya asume que podría ser muy superior.

«Hay que ser muy cautos, porque incluso he llegado a escuchar que habíamos establecido un cupo y que no íbamos a regularizar a más de 500.000 personas, eso es una auténtica barbaridad. Se regularizará a las personas que presenten su solicitud, su documentación y que tengan derecho a ella. Sean 500.000, 600.000, 700.000… quienes sean, lo importante es que se va a dar una respuesta a todos ellos», afirmó Cancela hace unos días, en una entrevista en el programa El Café Mañanero, de Latinos FM.

Los documentos del Ministerio de Inclusión apuntan a la regularización de medio millón de inmigrantes, y ése es el dato que se ha venido repitiendo desde que se anunció el proceso, que arrancó en abril y se cerrará a finales de junio.

Un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional recoge que los beneficiarios directos podrían ascender a 1.250.000 personas, una cifra que supera ampliamente la estimación que el ministerio ha plasmado en sus informes oficiales. Esa previsión, además, se vería «ampliamente aumentada» con los beneficiarios indirectos, como los familiares que accedan a las reagrupaciones.

El proceso de regularización es el más laxo de la historia de España. El real decreto establece dos requisitos: encontrarse en el país antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y carecer de antecedentes penales. El texto del Gobierno abre la puerta a la de aquellos inmigrantes con antecedentes policiales si, en opinión del funcionario encargado del expediente, no representan una «amenaza para el orden público». En ese caso, la solicitud «se valorará de forma casuística y circunstanciada». Presos acusados de delitos muy graves, como yihadismo o narcotráfico -y que actualmente se encuentran en prisión preventiva-, se han interesado por el proceso.

Documentos «secretos»

El Gobierno ha declarado «secretos o reservados» los documentos sobre la regularización, según se desprende de una respuesta parlamentaria al Partido Popular.

En concreto, el PP solicitó al Ejecutivo, entre otros, la copia íntegra de los informes, notas técnicas, evaluaciones o documentos internos relativos a la regularización extraordinaria de inmigrantes. También, la relación de advertencias, observaciones o informes recibidos de instituciones europeas, agencias de la Unión Europea o autoridades de otros Estados miembros en relación con los riesgos del proceso de regularización para el espacio Schengen, y copia de las comunicaciones o instrucciones cursadas entre el Ministerio del Interior, Seguridad y Migraciones Dirección General de la Policía y el Ministerio de Inclusión, Social relativas a la elaboración, contenido o tramitación del real decreto.

En su respuesta, el Ejecutivo asegura que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no tiene constancia de la existencia de estos informes.

Igualmente, «por lo que se refiere al ámbito de competencias del Ministerio del Interior, se informa de que lo solicitado se encuentra afectado por la regulación en materia de secretos oficiales».

«De este modo, y mediante estos acuerdos, se otorgaron, con carácter genérico, la clasificación de secreto o reservado: según corresponda, todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos o convenios a que se refieren los anteriores apartados», concluye el Ejecutivo.