García Ortiz moroso 10 meses después: sigue sin pagar las costas del juicio que perdió contra González Amador

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 23/09/2026 05:50
  • Actualizado: 23/09/2026 05:51

Álvaro García Ortiz lleva 10 meses sin pagarle las costas del juicio a Alberto González Amador tras ser condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos.

García Ortiz sigue siendo un moroso con González Amador. No pagó abogado privado y optó por un abogado del Estado a cargo del erario público. Se resistió a pagar los 17.200 euros en concepto de indemnización y multa a la que fue condenado, y sus compañeros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hicieron una colecta para abonar esa cantidad. Y ahora está tratando de eludir las costas procesales que tiene que pagar según la sentencia. 

El Tribunal Supremo calculó en 79.942 euros las costas del proceso judicial y tanto la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, como la Fiscalía recurrieron esa cantidad por considerarla indebida y excesiva. El Alto Tribunal desestimó el recurso, pero rebajó las costas a 39.009 euros.

El Supremo considera que el juicio al fiscal general fue complejo por la pluralidad de partes personadas, la tramitación inicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, posteriormente, ante el Supremo por razón del aforamiento, la incoación de 15 piezas separadas, las numerosas diligencias de instrucción —entre ellas, comisiones rogatorias remitidas a Irlanda y Estados Unidos— y la intensa actividad impugnatoria desplegada durante todo el procedimiento.

Álvaro García Ortiz se resiste a pagar esta cantidad rebajada que supone la mitad de la cifra oficial que pidió la Sala de lo Penal. No lo está haciendo por iniciativa propia pese a que cobró más de medio millón de euros en su cargo como fiscal general del Estado.

En manos del Colegio de Abogados

Pese a la resolución del Supremo, la cifra de las costas también está en manos del Consejo de la Abogacía Española. El juicio se celebró en el Supremo, por lo que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) debía hacerse cargo de cifrar las costas. El ICAM fue parte del procedimiento, por lo que derivaron el estudio de las costas al Consejo General de Alcalá de Henares para que fuera «neutral».

Fuentes del Consejo General de Alcalá de Henares aseguran que aún no les ha llegado la resolución donde se les requiere para emitir el informe sobre la tasación de costas, pero que el presidente del Consejo General de la Abogacía Española ya les ha informado de que tendrán que encargarse del asunto.

Las mencionadas voces explican que cuando un tribunal manda las actuaciones al Colegio de Abogados y se les dice que se ha impugnado la tasación de costas, se aporta la tasación de costas que ha efectuado el letrado de la Administración de Justicia, la minuta que ha presentado el abogado de la parte que ha sido favorecida y las causas de oposición que ha formulado el condenado en costas. Sobre esos datos se cifra cuánto han costado. 

Fuentes del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares admiten que el juicio al ex fiscal general del Estado tuvo varias sesiones, por lo que tiene una complejidad y un coste.