García-Castellón cita a Rovira y a los investigados por Tsunami a declarar en Barcelona

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a los investigados en el caso Tsunami, entre ellos a la dirigente de ERC Marta Rovira, para declarar por videoconferencia desde Barcelona el próximo miércoles 22 de mayo. También se llama a declarar al jefe de gabinete del ex presidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también convoca a sede judicial ese mismo día a las 10:00 horas como investigados al empresario Oriol Soler; al ex secretario de organización de ERC Xavier Vendrell; a la militante de ERC Marta Molina; al periodista Jesús Rodríguez Sellés; al considerado tesorero de Tsunami, Jaume Cabani; y al dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra.

El magistrado también da su visto bueno a una orden europea de detención a Italia banquero Nicola Flavio Giulio Foglia para conseguir su localización y toma de declaración por videoconferencia. Para ello, se le cita, sin perjuicio de lo que resulte de la cooperación judicial, como fecha de declaración el mismo día 22 de mayo. Con carácter previo a la emisión de esa orden, señala el juez, se reitera al grupo policial investigador la averiguación de domicilio y paradero interesada respecto del investigado.

Más diligencias

Además, el juez ha dado trámite una serie de nuevas diligencias por las actuaciones desarrolladas por el grupo violento Tsunami el 9 de noviembre de 2019, jornada previa a las elecciones generales. García-Castellón entiende que podrían constituir una infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral por parte de los responsables políticos de la Generalitat por no haber impedido su celebración.

En particular, oficia a la Guardia Civil para que recabe una serie de informaciones. El juez repasa los acontecimientos registrados durante ese día y señala que toda esta secuencia permite evidenciar el conocimiento que el Gobierno de la Generalitat tuvo de los actos convocados por Tsunami para la jornada de reflexión prevista el 9 de noviembre.

Igualmente, agrega, permite constatar que el presidente de la Generalitat, por entonces Quim Torra, como máximo responsable de la «autoridad gubernativa», conocía de la denuncia presentada ante la Junta Electoral Central, y que la Generalitat era competente para impedir la celebración de estos actos.

«También se puede comprobar que la Junta Electoral Provincial de Tarragona expresamente instó a la Generalitat, a través de la Dirección General competente del Departamento de Interior, a impedir la celebración de estas actuaciones», escribe el magistrado.

Finalmente, como recoge Europa Press, el instructor apostilla que hay que observar que las actuaciones se desarrollaron ese día sin que conste que se realizara actuación alguna para impedir su celebración por parte de la autoridad gubernativa competente.

«Ante estos hechos, y la posibilidad de encontrarnos ante una infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral por parte de los responsables políticos de la Generalitat en aquel momento, se acuerda la práctica de las siguientes diligencias, sin perjuicio de valorar, una vez recibidas, la competencia de este órgano judicial para conocer de estos hechos», remarca García-Castellón.