Los funcionarios de prisiones de Cataluña estrenan la condición de «autoridad» que Marlaska niega al resto

• Esther Jaén
• Corresponsal política en OKDIARIO. Colaboradora y analista política en radio y televisiones. Te leo en esther.jaen@okdiario.com
• • 21/02/2026 05:46
  • Actualizado: 21/02/2026 05:46

Los funcionarios de prisiones de Cataluña son ya legalmente considerados «agentes de la autoridad», tras la publicación en el BOE de la reforma legal que ha tramitado el Parlamento de Cataluña y que les equipara a los Mossos d’Esquadra  en este sentido. La reforma legal, que han reclamado insistentemente los funcionarios de prisiones en Cataluña, es la que anhelan también el resto de funcionarios de este sector en toda España y que el Gobierno de Pedro Sánchez, con el ministro Fernando Grande-Marlaska al frente, se ha negado a acometer hasta la fecha.

El objetivo de esta reforma es «dotar a este colectivo de mayor seguridad y protección jurídica en el ejercicio de sus funciones», una reivindicación idéntica al resto de funcionarios de prisiones de toda España.

La diferencia, en este caso, es que el Gobierno de Cataluña, que preside Salvador Illa, tiene transferida la competencia de prisiones. Y el Parlamento catalán ha decidido cambiar la legislación dentro de sus competencias, después de que el pasado marzo de 2024 un preso asesinase a Núria López, que trabajaba como cocinera en la prisión de Mas d´Enric.

Más allá de ese brutal asesinato, dentro de las prisiones de toda España se  registran cientos de agresiones cada año. Según las cifras oficiales que recoge el Informe General de Instituciones Penitenciarias, el portal de Transparencia y las propias respuestas parlamentarias ofrecidas en los últimos años, las prisiones del resto de España (las de Cataluña no están contabilizadas por ser una competencia transferida y que lleva su propia estadística) en el año 2022 se registró un triste récord, con un total de 553 agresiones en las prisiones. En 2023 se registraron 508, y 504 en 2024.

Las agresiones en las prisiones de España (excluyendo Cataluña) se producirían, según estos datos, a razón de más de una al día. La población reclusa en España ronda los 50.000 presos, distribuidos en menos de cien centros penitenciarios.

De ahí que, con la estadística en la mano, los funcionarios de prisiones lleven años exigiendo al Gobierno, sin éxito, que se les considere «agentes de autoridad», condición que conlleva «una protección especial en el ámbito penal frente a incidentes que comprometen no solamente la integridad física de las personas afectadas sino, también –y fundamentalmente–, el normal desarrollo de los servicios públicos».

Más de una agresión diaria

De este modo, a partir de ahora, solamente en Cataluña, frente a agresiones y amenazas a  aquellos funcionarios de prisiones, directivos que ejercen funciones de régimen interior y de rehabilitación en centros penitenciarios y que dependen orgánicamente del departamento competente en materia de ejecución penitenciaria, la ley establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autorida , y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.

Por otra parte, la reforma legal aprobada en Cataluña reconoce expresamente «la obligación de la Administración de la Generalitat de indemnizar al personal afectado por las lesiones personales y los daños materiales que pueda sufrir con ocasión o como consecuencia directa del ejercicio de las funciones de régimen interior y de rehabilitación, siempre que no concurra dolo o negligencia por parte de este personal».

Son medidas con las que sueñan el resto de funcionarios de prisiones de toda España, por lo que llevan ya celebradas varias convocatorias de huelga y numerosas manifestaciones en todo el territorio español, sin que, por el momento, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ni el presidente Sánchez hayan modificado la legislación que afecta al colectivo de funcionarios de prisiones.