La Fiscalía se opone al régimen de semilibertad de ‘Anboto’, la ex jefa de ETA que asesinó a 14 personas

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 10/04/2026 13:51
  • Actualizado: 10/04/2026 15:45

La Fiscalía se ha opuesto a que la etarra Soledad Iparraguirre, Anboto, ex jefa de ETA asesina de 14 personas, salga de prisión de lunes a viernes en aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le ha concedido el gobierno vasco. La etarra acumula condenas que suman 793 años y 8 meses de prisión.

El beneficio penitenciario concedido a esta ex jefa de ETA se perpetró el pasado mes de marzo. Las víctimas del terrorismo pusieron el grito en el cielo debido con este tercer grado encubierto concedido a Anboto, con un historial criminal de extrema gravedad, pese al escaso tiempo cumplido en prisión, así como por su «total vinculación» con la izquierda abertzale.

«¿Vas a pedir perdón?», preguntó recientemente a Anboto el periodista de OKDIARIO Cake Minuesa, en referencia a sus asesinatos. La etarra guardó silencio.

Esta ex jefa de ETA ha cumplido sólo seis de los 700 años de condenas en España. «Resulta escandaloso», denunció la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, al conocer la decisión del gobierno vasco.

El fiscal de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional Carlos García-Berro ha presentado un informe ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria respecto a Anboto, señalando un «uso indebido» del artículo 100.2, que establece los parámetros de la flexibilización del cumplimiento de las condenas de cárcel.

El fiscal argumenta que dicho artículo «no puede funcionar» para otorgar un «tercer grado anticipado por vía reglamentaria» ni tampoco puede habilitar «actividades ordinarias de reinserción social externas», sino que debe funcionar como «mecanismo excepcional y puntual para actividades concretas» e «incompatibles» con el régimen penitenciario ordinario.

También subraya que se ha producido una «vulneración frontal» del principio de progresividad, puesto que Iparraguirre «no ha alcanzado el cumplimiento» de las tres cuartas partes de la condena.

Además, reprocha la «falta de motivación reforzada» en la decisión del Gobierno vasco. «Tratándose de una terrorista de extrema notoriedad y especial gravedad, la concesión del 100.2 hubiera exigido una motivación reforzada, una valoración específica del impacto social y victimológico y una justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria», indica.

La resolución del departamento de Justicia de Euskadi «no explica por qué se omite el itinerario gradual, ni por qué se considera suficiente un único permiso de dos días para habilitar salidas diarias estructurales», lo que «vulnera el estándar reforzado de motivación exigible en materia de terrorismo».

Aunque se opone a la semilibertad de Anboto, la Fiscalía no puede presentar un recurso contra la decisión porque la ex dirigente de ETA no goza del tercer grado. Y este informe no es vinculante. 

Covite declara a OKDIARIO ante este informe de la Fiscalía que lo que tendría que haber hecho es recurrir «los más de 90 terceros grados fraudulentos que se han concedido desde 2022, como le ha venido reclamando, ya que sólo recurrió los concedidos el primer año».

El historial de Anboto

Anboto fue extraditada en septiembre de 2019 a nuestro país desde Francia, tras cumplir 16 años de prisión por pertenencia a organización terrorista, para ser juzgada por 12 causas. Ipaguirre fue detenida en el país galo en octubre de 2004 junto a su pareja, quien por entonces era el máximo responsable del aparato político de la banda terrorista, Mikel Albisu, alias Mikel Antza.

En el primer juicio que enfrentó en España fue condenada a 122 años de cárcel por dar la orden de asesinar al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado el 22 de diciembre de 1995 en León, mediante la explosión de una bomba lapa adosada bajo el asiento de su vehículo, y por suministrar el material explosivo para cometerlo.  Esta condena se le impuso la Audiencia Nacional en julio de 2020 y ya es firme.

En marzo de 2021, también sentenció a esta ex jefa de ETA a 61 años de prisión por dos atentados. Uno, contra policías que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao, cometido en enero de 1995, en el que fue asesinado un agente y otro resultó gravemente herido. Y otro, contra una entidad bancaria de Gecho (País Vasco) en 1994.

En abril de 2021, la AN condenó a otros 39 años por el asesinato del cartero de Amurrio (Álava) Estanislao Galíndez el 26 de julio de 1985. La víctima, de 63 años, estaba casada y tenía siete hijos.

Posteriormente, se le impusieron 425 años de cárcel por un atentado frustrado contra un dispositivo de la Policía Nacional en el polideportivo de Mendizorroza (Vitoria) en 1985. Asimismo, ha sido condenada a 46 años de cárcel por la colocación en 1987 de una bomba trampa en la puerta de un bar de Eskoriatza (Gipuzkoa) que afortunadamente se saldó sin víctimas.

También ha sido condenada a 15 años de prisión por ordenar el asesinato del Rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997.

Anboto fue una de las dos terroristas que puso voz al vídeo en el que ETA anunció su disolución definitiva en mayo de 2018. El otro etarra fue Josu Urrutikoetxea Benoetxea, alias Josu Ternera.

Figura central de la organización terrorista

A juicio Covite, el caso de Anboto ilustra con especial claridad cómo el artículo 100.2, que fue ideado como una fórmula extraordinaria de flexibilización del cumplimiento de la pena, con los presos de ETA está siendo utilizado «de forma generalizada y desvirtuando por completo su finalidad y significado».

Para el colectivo, no es casual que esta medida se haya aplicado precisamente a Soledad Iparraguirre. «Anboto no fue una etarra de base ni una presa irrelevante dentro del entramado de ETA, sino una figura central de la organización y una persona estrechamente identificada con su dirección política», critica Consuelo Ordóñez, destacando que «estamos ante una etarra VIP para la izquierda abertzale».

Y subraya que «precisamente por eso se está forzando una vía excepcional para facilitar su salida de prisión antes de que haya cumplido las ¾ partes de su condena, requisito ineludible para acceder al tercer grado».

«Ésta es precisamente la trampa del 100.2: utilizar una vía extraordinaria como atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado. Se cumple la ley en apariencia, pero se desnaturaliza por completo su finalidad», advierte Ordóñez.

Además, Covite subraya que la concesión del artículo 100.2 a Anboto resulta todavía más inaceptable porque no consta ninguna ruptura pública, visible e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo y legitimó el terrorismo de ETA durante décadas, sino «al contrario: su trayectoria y su significado dentro de ese mundo hacen aún más exigible esa desvinculación. Sin embargo, no existe ninguna evidencia objetiva de que se haya producido».

Vaciar las cárceles de etarras

Para Covite, la reiteración de decisiones de este tipo confirman que el Gobierno vasco está consolidando una política penitenciaria orientada a «acelerar la salida de prisión de los presos de ETA sin exigirles una verdadera asunción del daño causado ni una auténtica desvinculación de la izquierda abertzale».

Ordóñez afirma que eso se está produciendo así porque estamos ante «la culminación de la última exigencia de ETA que quedaba por cumplir en este final de ETA negociado que vivimos: vaciar las cárceles, en palabras de la propia izquierda abertzale».

Y critica que «se está haciendo exactamente como ellos quieren: sin exigirles arrepentimiento ni una desvinculación real del entramado político y social que sostuvo el terrorismo de ETA durante décadas». «Las consecuencias de este final de ETA indigno las estamos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares», insiste Consuelo Ordóñez.

Más de 110 terceros grados concedidos a 94 etarras

El Gobierno vasco también concedió el pasado mes de marzo el tercer grado al etarra Asier Arzalluz, uno de los asesinos del periodista José Luis López de Lacalle. Las víctimas del terrorismo también denunciaron en este caso que era una «amnistía encubierta» y reclamaron igualmente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ejerza su función y lo recurriera.

Ya ascienden a 114 los terceros grados concedidos por el Gobierno vasco a 94 etarras desde que asumió la competencia de las tres prisiones de esta comunidad autónoma española. Actualmente, están en tercer grado 57 etarras de un total de 121.