La Fiscalía mantendrá tras la muerte de Maza su petición de cárcel para Junqueras si no se retracta
La Fiscalía quiere seguir aplicando el criterio que había mantenido el recién fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Mantendrá la petición de prisión incondicional para el líder de ERC y ex vicepresidente del Gobierno regional destituido, salvo que exista un hecho novedoso que altere los factores que motivaron su solicitud de entrada en prisión sin fianza. Y ese hecho novedoso sólo podría venir de que Oriol Junqueras modifique su actitud y acate la Constitución Española.
Se trata de un criterio jurídico, no de una actitud política, señalan fuentes conocedoras del caso. Y como tal, añaden, la Fiscalía no va a variar su planteamiento con respecto a la petición de prisión incondicional para Junqueras. Esta petición se apoyó en tres argumentos principales desde un primer momento. El primero de ellos, las penas incluidas en los tipos penales. Porque al recoger condenas tan elevadas -podrían sumar 30 años de cárcel- la tentación de fugarse puede dispararse en los acusados. La segunda es el propio riesgo de fuga, demostrado ya en el caso de Carles Puigdemont. Y la tercera y clave, la reiteración delictiva, es decir, la continuidad en la defensa e instigación al golpe de Estado contra la Constitución y la unidad de España.
Las dos primeras causas se apoyan directa o indirectamente en el riesgo de fuga, algo que se podría controlar por medio de la retirada del pasaporte o de determinados controles o seguimiento. Pero la tercera causa no: por eso Carme Forcadell pudo salir de prisión con una fianza de 150.000 euros. Porque se comprometió a acatar la Constitución en su posterior vida política y a no volver a intentar impulsar una DUI o normas contrarias a la Constitución. De hecho, tras ser adoptado este criterio por el Tribunal Supremo, la Fiscalía rechazó recurrir la fianza impuesta a Forcadell por considerar que la argumentación del TS, desde el punto de vista jurídico, era correcta.
Ese camino es el que ha sido ya bautizado como vía Forcadell. La misma vía a la que pretenden ahora acogerse Turull y Rull. Y es que ayer mismo, la defensa de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull pidió a la Audiencia Nacional su puesta en libertad, alegando que, como el resto de miembros del Govern cesado, han acatado “expresamente” la legalidad de la aplicación del artículo 155, sin “resistencia” alguna. Los dos recursos interpuestos por Turull y Rull piden, así, que se revoque la orden de la juez Carmen Lamela de enviarlos a prisión incondicional aplicándoseles los mismos criterios por los que el Supremo dejó en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa del legislativo catalán.
Ese criterio fue implantado por el recién fallecido José Manuel Maza de la mano del actual sustituto temporal, Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo, que ha tomado ya el control provisional de la Fiscalía General del Estado hasta que se apruebe el nombramiento de un sustituto definitivo al frente del Ministerio Público.
Y ese será el criterio que permanezca porque, como destacan las mismas fuentes, o hay una modificación de un hecho con relevancia jurídica, o, en caso contrario, no hay ningún argumento jurídico para rebajar la solicitud de prisión incondicional.
El mismo criterio, de hecho, se pretende mantener para el principal protagonista del golpe de estado: Carles Puigdemont. Para el que se plantea pedir su ingreso en prisión inmediato en cuanto se ejecute la euro orden puesto que, además de la reiteración delictiva, el riesgo de fuga se presenta en grado máximo tras estar en estos momentos prófugo de la Justicia.
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