La Fiscalía alerta de la «gran cantidad de absoluciones» por las pulseras y la ministra lo minimiza: «El 1%»

Confrontación entre el Ministerio de Igualdad y la Fiscalía General del Estado por los fallos en las pulseras antimaltrato desvelados por OKDIARIO. Mientras los fiscales alertan de «gran cantidad de sobreseimientos y absoluciones» de maltratadores por problemas técnicos, la ministra Ana Redondo ha minimizado el impacto, asegurando que afecta a «un número que no llega al 1%».

El enfrentamiento institucional se ha recrudecido después de que la Fiscalía reconociera en su memoria anual las consecuencias judiciales de los fallos técnicos. La pérdida de datos históricos durante la migración del sistema entre empresas ha impedido acreditar quebrantamientos de órdenes de alejamiento en procesos penales.

Redondo ha mostrado públicamente este jueves su malestar con la valoración fiscal. «A mí me sorprende lo de numerosas porque realmente cuántas son, qué porcentaje son y lógicamente hay que concretar», ha declarado la ministra en una entrevista.

La titular de Igualdad ha anunciado que se pondrá «en contacto con la Fiscalía» porque le «gustaría conocer lo que la Fiscalía entiende por muchos casos». «A nosotros no nos consta» la magnitud del problema descrito por el Ministerio Público, ha añadido Redondo, cuestionando implícitamente la veracidad de los datos oficiales.

El origen de la controversia se remonta al cambio de proveedor del sistema Cometa en marzo de 2024. La transición de una gran empresa telefónica española a otra derivó en fallos técnicos que afectaron a cerca de 4.500 dispositivos activos.

La ministra ha confirmado, como ha adelantado OKDIARIO, que una empresa de Israel tenía encriptado los datos con el anterior contrato de Telefónica que subcontrató a esa compañía. No obstante, dice que ya está resuelto. Esta subcontratación, no especificada en los pliegos originales, explica las dificultades de la migración y la pérdida de registros históricos.

Durante los meses críticos entre junio y diciembre de 2024, «las trabajadoras del centro de control Cometa fueron directamente a declarar en los juicios para responder ante todas las cuestiones», según ha explicado Redondo. Esta solución artesanal evidencia el colapso temporal del sistema tecnológico.

Reacciones políticas

La crisis ha desatado una cascada de críticas desde diferentes ámbitos institucionales. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha garantizado que España cuenta con «todos los elementos para garantizar la seguridad» de las víctimas pese a reconocer las «incidencias técnicas» del sistema.

Marlaska ha indicado que «pocos datos» puede ofrecer sobre los fallos al no ser competencia de su cartera. Sin embargo, ha reivindicado el compromiso gubernamental contra la violencia de género, citando los «105.000 casos activos en el sistema VioGén II».

El consejero andaluz de Justicia, José Antonio Nieto (PP), ha calificado de «muy grave» lo ocurrido y ha exigido que «se depuren las responsabilidades pertinentes». «Es imprescindible que se rindan cuentas, que se den explicaciones y que se asuman responsabilidades», ha subrayado Nieto.

Hardware deficiente

Trabajadoras del centro Cometa han denunciado múltiples fallos que comprometen la seguridad de las víctimas. Los problemas incluyen desde la congelación de la ubicación de agresores durante horas hasta imprecisiones geográficas por errores en el GPS.

Los dispositivos actuales, más baratos que los anteriores según ellas, presentan una calidad deficiente que permite manipulaciones. La situación se agrava por la falta de personal en los equipos de campo y los errores constantes que provocan alertas falsas.

El sistema de seguimiento telemático se implantó en España en 2009 con el objetivo de controlar órdenes de alejamiento. Desde entonces ha evitado homicidios en el 100% de los casos en los que, eso sí, estaba activo, según las estadísticas oficiales.

Redondo ha anunciado una nueva licitación para 2026 con «mayor duración» que el contrato actual, que finaliza en mayo de ese año. «Ahora todos los datos son del Ministerio, las pulseras también son propiedad del Ministerio», ha precisado la ministra, contrastando con el modelo anterior.

La confrontación entre Igualdad y la Fiscalía ilustra cómo un fallo técnico puede desencadenar una crisis institucional de primer orden. La discrepancia sobre los datos revela la fragilidad de un sistema que, diseñado para proteger vidas, ha generado más recelos que certezas entre quienes deben aplicar la justicia contra la violencia machista.