La fiscal general purga a la jefa de Madrid que atribuyó a García Ortiz la filtración contra Ayuso

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 30/04/2026 16:47
  • Actualizado: 30/04/2026 18:31

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha fulminado a la fiscal jefe superior de Madrid, Almudena Lastra, quien atribuyó a Álvaro García Ortiz la filtración contra  la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Lastra llevaba cinco años en la plaza y se había presentado a la reelección. En su lugar, ha colocado a María Isabel Martín López, quien forma parte de la Secretaría Técnica desde 2018 y venía ocupándose de la planificación de los cursos de formación del Ministerio Fiscal.

Este dedazo de Peramato se ha producido este jueves, en el Consejo Fiscal, donde se ha decidido una nueva tanda de nombramientos. También ha ascendido a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien entregó los correos del novio de Ayuso a García Ortiz y estuvo investigada junto a él. Ahora será fiscal de lo Social del Tribunal Supremo.

Más aún, la mujer del fiscal general condenado, María Pilar Fernández Pérez, ha sido ascendida a teniente fiscal de la Fiscalía de Galicia. Así, dejará la Fiscalía de Menores en Madrid para volver a Galicia.

De la sucesora de Lastra, Peramato ha destacado su «alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia», además de su plan de actuación «para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público».

Culmina el plan de evacuación

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en el Consejo Fiscal, señala que con la decisión de Peramato a de favor de María Isabel Martín López «culmina el plan de evacuación –acción de desalojar ordenada y rápidamente a personas de un lugar de riesgo hacia un punto seguro– de la Secretaría Técnica diseñado por la Fiscal General del Estado».

La AF destaca que a Almudena Lastra y a su sucesora les separan «más de 800 puestos en el escalafón». Lastra cuenta con 35 años de trayectoria profesional, ha desempeñado funciones en la Secretaría Técnica, en la Unidad de Apoyo y fue teniente en la Inspección Fiscal, también vocal del CGPJ y letrada del mismo órgano.

Sin embargo, «tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista con ocasión de los graves cargos penales que se imputaron a Álvaro García Ortíz y por los que resultó condenado, siendo su testimonio uno de los elementos probatorios que fueron objeto de valoración en sentencia», expone la AF.

La Asociación de Fiscales tampoco da crédito al ascenso de Pilar Rodríguez al Supremo, ya que la actual jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid «no tiene experiencia previa en la materia», y que se hace en detrimento de fiscales que sí la tienen, entre los que median 300 puestos en el escalafón.

Precisamente, en la Sección de lo Social del Supremo se encuentra destinado actualmente García Ortiz tras su reingreso en la Carrera al hacer la jugada sibilina de cesar como fiscal general antes de que lo cesara el Supremo y la inhabilitación fue de imposible ejecución.

La AF indica con ironía que si el criterio ponderado por Peramato a la hora de hacer la propuesta en favor de Rodríguez es la absoluta sintonía con algún otro integrante de la Sección, el acierto es pleno.

Premio y venganza

Sobre el ascenso de la mujer del fiscal general condenado, la asociación mayoritaria de fiscales señala que fue precisamente García Ortiz quien ascendió a Peramato a la condición de fiscal jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. ¿Cómo se llama a esto en otros idiomas? Quid pro quo», espeta. Es decir, una cosa por otra. 

En este sentido, apunta, además, que la mujer de García Ortiz concurría con siete candidatos más, todos ellos con destino actual en Galicia y «por ello conectados con la realidad del territorio». Asimismo, señala destaca que conforme al escalafón es la penúltima, la separan más de 800 puestos del primer peticionario.

«El mensaje que se transmite con estos nombramientos a la ciudadanía y a la Carrera Fiscal es que los principios de mérito y capacidad para la designación de fiscales para ostentar plazas discrecionales han desaparecido, han sido demolidos y sustituidos por los de palo y zanahoria, premio y venganza», sentencia la presidenta de la AF, Cristina Dexeus. 

Premio a la afección al ex fiscal general del Estado y «castigar» aquel que no fue afecto, como ha ocurrido con Almudena Lastra.

«¡Has filtrado los correos!»

Almudena Lastra ofreció en el juicio contra Álvaro García Ortiz un demoledor testimonio sobre la actitud de éste en las horas previas a la filtración del correo electrónico y a la mañana siguiente.

Según su relato, la noche anterior constató las prisas del fiscal general por recibir el correo y que se publicase en la prensa un desmentido. «Me quedé pasmada», le dijo a la fiscal jefe provincial de Madrid al saber que ésta le había remitido el correo a García Ortiz, y le indicó: «Pilar, lo van a filtrar».

Además, relató que al día siguiente, tras aparecer en la prensa los correos, como se temía, en una llamada que mantuvo con él no le dio ni los buenos días a García Ortiz. «Le dije ¡has filtrado los correos!», detalló. Por su parte, este le contestó: «Eso ahora no importa». Y a ella aquello se le «grabó en el alma», según explicó ante el tribunal.

El juicio concluyó con la condena de García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados (artículo 417.1 del Código Penal) por la filtración del correo electrónico del abogado del novio de Ayuso, Alberto González Amador, y por la difusión de una nota informativa de la Fiscalía. Además, ha tenido que indemnizar a la pareja de Ayuso con 10.000 euros por los daños morales ocasionados, y también se le impuso una multa de 7.200 euros.

La sentencia supuso un hito sin precedentes en la historia judicial española, al ser la primera vez que un fiscal general del Estado en activo ha sido condenado por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones. Tanto la Fiscalía como el condenado han recurrido en amparo el fallo ante el Tribunal Constitucional.

En paralelo, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que han presidido tanto García Ortiz como Peramato, se ha movilizado pidiendo firmas para un indulto a García Ortiz, y también recabó dinero entre sus socios para ayudarlo a pagar la multa y la indemnización que le impuso el Tribunal Supremo.