La empresa que financió al PSOE de Puig ganó un contrato de 205.000 € a días de las elecciones

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 23/04/2018 02:25
  • Actualizado: 23/04/2018 02:27

La empresa B del PSOE en Valencia recibió 205.000 euros en sólo 12 días, con una contratación exprés, a días del cierre de la legislatura nacional y en pleno inicio de la campaña a las generales de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo gracias a la contratación urgente de sus servicios por Acuamed, empresa pública nacional gestionada por el Ministerio de Medioambiente, liderado en aquellos días (2007) por Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE de Pedro Sánchez.

En doce días se licitó, se analizaron las ofertas y se adjudicó el contrato. En mes y medio se desarrollo el trabajo. Todo un récord de velocidad que tenía una explicación: en cinco días se disolverían las cámaras para convocar elecciones generales. La Policía judicial investiga ya la posible relación de este caso con una financiación ilegal del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana y mira de reojo, precisamente, al PSOE de Ferraz: el que comandaba en aquellos años José Luis Rodríguez Zapatero y lidera hoy Pedro Sánchez.

OKDIARIO ha accedido al contrato clave de la empresa Crespo Gomar, la compañía sobre la que se centran las investigaciones sobre la financiación ilegal del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Una empresa que, como ya ha publicado este diario, mantuvo fuertes implicaciones y contratos con Acuamed, empresa donde las sospechas apuntan a financiación de campañas del PSOE nacional. Y el contrato de Crespo Gomar ha levantado las sospechas.

El Pliego de bases para “la contratación del servicio de acciones comunicativas y relaciones públicas de la planta desalinizadora de Denia” (Nº de expediente: SV/41/07) se emitió con fecha del 16 de Noviembre de 2007. El Presupuesto base (IVA no incluido) fue de 205.000 euros y establecía como fecha límite de presentación de las proposiciones las 14 horas del día 23 de Noviembre de 2007, dejando un margen de sólo siete días.

El plazo de ejecución se marcó entre el 1 de Diciembre de 2007 y el 9 de Enero de 2008 y fue firmado por el director de Relaciones Institucionales de la sociedad pública, que era en aquel momento Joan Navarro Martínez. El Visto Bueno que acompañó a la firma fue otorgado por el director general, Adrián Baltanás García.

Todo pensado para acelerar los plazos al máximo. El Informe para la adjudicación del contrato de servicios fue fechado el 28 de noviembre de 2007 (cinco días después de la presentación de ofertas y dos antes del comienzo del servicio) y fue firmado, de nuevo, por el director de Relaciones Institucionales. La comunicación de la adjudicación fue el mismo día 28 de Noviembre y la firma, otra vez, del director general, Adrián Baltanás.

Pero las prisas por contratar, adjudicar y cobrar no acabaron ahí.
Los trabajos finalizaron el 9 de Enero de 2008. Todo un sprint que, casualmente, tiene una explicación en el BOE: cinco días después, el 14 de Enero de 2008, se publicó la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones generales para el 9 de Marzo de 2008.

Es decir, que el dinero debía estar en manos de Crespo Gomar justo antes de las elecciones generales de 2008 en las que se presentó Rodríguez Zapatero para renovar su  Presidencia del Gobierno de España.Y hay que recordar que, precisamente, lo que busca la investigación judicial del caso es la relación de Crespo Gomar con la financiación ilegal del Partido Socialista.

En la instrucción del caso Acuamed, tanto Adrián Baltanás como Joan Navarro fueron citados a declarar en Noviembre de 2006 en calidad de testigos. Pese a ello, y a la entrega de esta documentación al tribunal, la Fiscalía no solicitó una investigación más pormenorizada. Hoy, sin embargo, la apertura del caso de Crespo Gomar y PSPV levanta las sospechas que entonces no se vieron.

Las pesquisas judiciales abiertas por la financiación ilegal del PSPV y el Bloc entre 2007 y 2011 se han centrado ahora en varios contratos por un valor cercano a los 3 millones de euros que la empresa de comunicación valenciana Crespo Gomar recibió de varios ministerios del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

A cambio, Crespo Gomar habría asumido gastos de campaña del PSPV. Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la firma de comunicación Crespo Gomar, adjudicataria también de otros servicios para el PSPV-PSOE o ayuntamientos gobernados por este partido, explica el engranaje de pagos al partido.

Esta firma trabajó, según la investigación, en la organización del congreso regional del PSOE valenciano en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general, y también en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007.También resultó adjudicataria de  servicios de comunicación para los ministerios de Sanidad, Vivienda y Medio Ambiente. Y en este último área, a través de, entre otras, Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar. El valor total de estos contratos fue de 2,7 millones de euros entre 2008 y 2009.

En concreto, Aguas del Júcar –sociedad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente posteriormente fusionada con Acuamed– adjudicó en noviembre de 2005 a esta misma firma de comunicación por 234.700 euros el diseño, la producción y el plan de comunicación sobre las actuaciones de infraestructuras hidráulicas sobre las que Aguas del Júcar tenía la encomienda de gestión por parte del Estado.

Crespo Gomar estuvo dirigida por Alberto Gomar, hijo del que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar bajo la alcaldía de José Manuel Orengo, actualmente asesor de Ximo Puig en la Presidencia de la Generalitat.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia abrió en diciembre de 2016 una causa tras recibir un informe del Cuerpo Nacional de Policía sobre una supuesta financiación ilegal del PSPV y el Bloc, según ha confirmado ya el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.