La empresa de la casa okupa de Gandía pide que la ministra Diana Morant pague 777.000 € como responsable

• Luis Miguel Montero @Luismimontero
• Periodista de Investigación en OKDIARIO.
• • 08/02/2022 06:44
  • Actualizado: 08/02/2022 08:42

Los abogados de la empresa Inmobles Reunits de Catarroja SL, gestores del inmueble de 79 pisos cuyo desalojo impidió Diana Morant cuando era alcaldesa de Gandía, piden 777.476,23 euros en concepto de responsabilidad patrimonial a la ahora ministra de Ciencia e Innovación tras las sentencias que ha venido contando OKDIARIO donde se responsabiliza a la entonces alcaldesa, Diana Morant, de que la comisión judicial presente para desalojar una de las viviendas okupadas no pudiese hacerlo porque la policía local, que dependía de la regidora, no diese protección a la comisión judicial.

En un escrito presentado ante el Ayuntamiento de Gandía el pasado 22 de enero como «comunicación de interposición de recurso contencioso-administrativo y solicitud de ejecución sentencia 14/2018 con apertura de expediente de responsabilidad patrimonial y/o penal respecto de la entonces alcaldesa doña Diana Morant Ripoll» la empresa Inmobles Reunits reclama en el punto sexto del citado escrito que «este Ayuntamiento ha declarado expresamente, a través de un acto administrativo de carácter ejecutivo y con plenos efectos jurídicos -documento uno-, que cuando menos los daños tasados inicialmente, cuyo importe asciende a setecientos setenta y siete mil cuatrocientos setenta y seis con veintitres euros(777.476,23 €) deben ser asumidos por el patrimonio municipal, esto es, por todos y cada uno de los ciudadanos de Gandía, lo cual, a la vista de las sentencias de referencia, debe ser inmediatamente reclamado a la entonces alcaldesa doña Diana Morant Ripoll y a los restantes intervinientes en los sucesos de 30 de junio de 2015, sin que conste a día de hoy la apertura de expediente alguno en este sentido, con los efectos que de ello se derivarían para los actuales responsables del Consistorio Municipal».

Tal y como ha publicado OKDIARIO, hay que remontarse al 30 de junio de 2015 la ministra Diana Morant -entonces alcaldesa de la localidad valenciana de Gandía- acudió junto a dos concejales de Més Gandía para impedir el desahucio dictado judicialmente de una casa en un edificio okupado. El acto de protesta fue convocado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Safor Valldigna. La comitiva judicial no pudo llevar a efecto el lanzamiento, puesto que la policía local del municipio, lejos de protegerlos, se ausentó del lugar cuando constató la presencia de la entonces alcaldesa.

Este hecho según la juez provocaron que «viendo que la falta de pago de la renta no tenía consecuencia alguna los impagos se generalizaron y el edificio se llenó de ocupantes sin título, traficantes de droga, etc.». Es decir, el edificio acabó convirtiéndose en un narcopiso e incluso en el mismo inmueble se cometió un asesinato en 2017 entre clanes rivales.

El Ayuntamiento decidió obligar a la empresa Inmobles Reunits de Catarroja S.L., concesionaria del edificio de viviendas de protección pública, a acometer obras de reforma y mejora en el mismo. Como se encontraba okupado y la inmobiliaria no cobraba los alquileres municipales a los que tenía derecho, se negó y fue denunciada por el Ayuntamiento. El asunto acabó en la sentencia 98/2019 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia. Y en otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) de junio de 2021 que viene a ratificar la sentencia inicial del Contencioso de Valencia.

La juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue tan dura como realista con la participación de Diana Morant en aquel acto: «El Ayuntamiento participó de forma activa, por medio de la alcaldesa y algunos concejales, el impedir la ejecución de un lanzamiento judicial por desahucio, relativo a personas que no satisfacían las rentas (…) La comisión judicial, ante la ausencia de agentes de la autoridad y en presencia de la alcaldesa y dos concejales que impedían el paso, suspendió el lanzamiento».

Según la juez, aquellos hechos provocaron que «viendo que la falta de pago de la renta no tenía consecuencia alguna los impagos se generalizaron y el edificio se llenó de ocupantes sin título, traficantes de droga, etc.» y continúa la juez afirmando que «lo cierto es que existe una relación causal entre la actuación de la legal representante del Consistorio, arropada por dos concejales y la quiebra de la gestión de la concesión».

En juego estaba el desembolso de unos 400.000 euros para reparar los desperfectos originados por los okupas (el ayuntamiento cifró esta cantidad en 777.000 euros), hasta que finalmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) de julio de 2021 exime a la inmobiliaria de hacerse cargo de las reparaciones aunque sí la condena al pago del canon municipal de varios años. Sin embargo, el propio ayuntamiento cifró estos gastos en esos 777.000 euros que ahora la empresa reclama a Diana Morant para que los pague en concepto de responsabilidad patrimonial, junto a Antonio Enguix Morant, entonces Coordinador General de Asuntos de la Alcaldía, que también acudió al desalojo.