Con los embalses a rebosar, Sánchez gasta en mantener las presas el 3,2% de lo que aconsejan los expertos

• Beatriz Dávila @beoloborda
• Redactora de Nacional en OKDiario I PP I Congreso y Senado I beatriz.davila@okdiario.com I Ex de ElToroTv y esRadio
• • 24/02/2026 05:47
  • Actualizado: 24/02/2026 05:47

La reserva hídrica en España se encuentra actualmente al 82,49% de su capacidad. Según datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), son 46.229 los hectómetros cúbicos que hay de agua acumulada. Con los embalses al borde de su capacidad, el Gobierno de Pedro Sánchez apenas ha destinado al mantenimiento de las presas el 3,2% de la inversión que recomiendan los expertos.

De las 2.400 presas que hay en España, 375 dependen del Estado. La última memoria anual hecha pública por la Dirección General del Agua y que corresponde al año 2023, apunta a que el Ejecutivo central invirtió entonces un total de 16,25 millones de euros en concepto de mantenimiento, conservación y asistencia a la explotación de estas infraestructuras. Ello, en el marco de 18 expedientes que estaban en ese instante en ejecución y que daba cobertura a 154 presas. De todas ellas, sólo en 65 se iniciaron los trabajos de adecuación.

La cuantía de la que dispuso el Ejecutivo ha resultado ser insuficiente, habida cuenta de que son muchos los expertos que apuntan a que el Estado debería invertir, al menos, 500 millones de euros al año para la preservación de las presas. Con todo, el Ejecutivo del presidente Sánchez apenas ha invertido el 3,2% de lo recomendado.

En pleno 2026, buena parte de los embalses españoles han rozado máximos históricos tras el ciclo prolongado de lluvias que se ha vivido en los últimos meses. Sólo en el mes de enero, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el conjunto de la España peninsular alcanzó los 119 litros por metro cuadrado, esto es un 85% por encima del promedio registrado en el periodo de 1991-2020. Según dicho informe, «desde 2001 no se registraba un enero tan lluvioso».

De la totalidad del parque de presas que hay en el territorio español, 1.200 de ellas son consideradas «grandes presas». De ellas, alrededor de 400 se han construido hace más de seis décadas. Una flota clave para el abastecimiento urbano, los cultivos de regadío, la producción hidroeléctrica y mitigar el impacto de efectos como la sequía que, por contra, se encuentra manifiestamente envejecida teniendo en cuenta los niveles de inversión.

A ello se suma el dato alarmante de que el 39% de las presas -294 de las mismas son de titularidad estatal- se encuentran clasificadas en situación de riesgo potencial derivado de su fallo o rotura. Es decir, figuran como categoría A, una clasificación con la que el Ministerio señala a aquellas infraestructuras que, por aunar más riesgos de tener un «funcionamiento incorrecto», pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, e incluso, «producir daños materiales o medioambientales muy importantes».

Que los embalses estén al borde de su capacidad es, paradójicamente, un factor que aumenta la exigencia técnica que el Estado debe tener sobre estas infraestructuras. La presión hidrostática sobre los muros de hormigón -las presas- se incrementa al máximo nivel de carga cuanta más agua haya embalsada, lo cual obliga al seguimiento de posibles filtraciones, deformaciones y sistemas de desagüe.

En el año 2021, el Ejecutivo que preside Sánchez aprobó un Real Decreto por el que quedaban aprobadas una serie de normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses. Según el escrito, se recoge la obligatoriedad de cumplir con los criterios de seguridad de la Norma Técnica de Seguridad «para el proyecto, construcción y puesta en carga de presas y llenado de embalses». Según la cual, es el titular de la presa, en este caso el Estado de las que son de su titularidad, el «principal responsable de su seguridad».