Un edil de la ex alcaldesa de Móstoles se creó una plaza en una empresa pública que doblaba su sueldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacado a la luz un caso de ingeniería administrativa en el Ayuntamiento de Móstoles para beneficiar a uno de sus cargos públicos. Según las investigaciones en curso, Francisco Javier Gómez Gómez, quien fuera concejal de Hacienda durante los mandatos de David Lucas (actual secretario de Estado de Pedro Sánchez) y, posteriormente, de Noelia Posse, habría duplicado su salario al regresar a su puesto en la empresa municipal Móstoles Desarrollo gracias a una decisión presupuestaria suya.

El documento policial, al que ha tenido acceso OKDIARIO, revela que mientras Gómez Gómez desempeñaba sus funciones como concejal, se produjo una reestructuración de los puestos de trabajo en la empresa pública que le garantizaría un considerable aumento salarial cuando volviera tras su etapa política.

La ex alcaldesa Noelia Posse, quien llegó a la alcaldía tras la marcha de Lucas y ha sido respaldada hace escasas semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró ante la UCO que «el cambio de categoría de los referidos puestos de trabajo se produjo en 2017-2018, siendo este aún concejal. Es decir, una vez que dejó de ser concejal, la nueva vacante de Francisco Javier Gómez Gómez ya estaba creada para el mismo».

Según el testimonio del tesorero municipal, Francisco Javier Torner Hernández, el concejal «obtuvo por su colaboración con el equipo de gobierno durante los hechos investigados un incremento salarial equivalente al doble de su sueldo en Empesa (Empresa Municipal de Promoción Económica), para una vez que dejase de ser concejal y volviese a la empresa pública».

La operación habría sido orquestada a propuesta de Blanca Tomás Manzanares, entonces gerente de la empresa municipal y persona presuntamente cercana a Roberto Sánchez Muñoz, uno de los concejales más influyentes del gobierno local y que también está siendo investigado por su vinculación con una imprenta que habría mantenido relaciones comerciales con empresas adjudicatarias del consistorio.

Eduardo de Santiago, concejal de la oposición por el Partido Popular durante ese periodo, afirmó que el ex concejal de Hacienda «planificó su nombramiento como Responsable de Administración sin pasar ningún proceso selectivo», añadiendo que «esta persona era auxiliar administrativo y que para pasar a Responsable de Administración tenía que haber pasado una promoción interna».

Tres ejes

Estas revelaciones forman parte de una investigación más amplia sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en el Ayuntamiento de Móstoles con el PSOE, que se centran en tres ejes principales: obras en colegios, suministro de material deportivo y servicios de publicidad y comunicación.

El caso salió parcialmente a la luz en enero de 2018, cuando medios locales revelaron que el concejal de Hacienda se ausentó de la votación de los presupuestos municipales que él mismo había defendido, alegando «prudencia» ante un potencial conflicto de interés relacionado con su futura situación laboral en la empresa municipal. Posteriormente, se ha destapado que la abstención en esa votación fue porque las cuentas incluían un ascenso para mejorar su posición laboral en el futuro.

La investigación sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles. Se trata de unas diligencias, hasta ahora secretas, en las que la UCO ha tomado declaración a 55 testigos para esclarecer estos y otros presuntos actos de corrupción en el consistorio mostoleño.

Multitud de irregularidades

Se investiga la adjudicación irregular de dos contratos menores por un valor total de 42.713 euros para actualizar la página web municipal. Numerosos testigos del área de informática municipal han confirmado que estos trabajos nunca pudieron realizarse, ya que la web del consistorio estaba gestionada desde 2006 por la empresa Divisa IT a través de un contrato de exclusividad que seguía vigente durante el periodo investigado.

La investigación también ha destapado que el ex concejal de Presidencia, Roberto Sánchez Muñoz, mantenía vínculos con una imprenta llamada Grupo 2Color, a la que concedió 54 contratos municipales por cerca de 40.000 euros. Antes de entrar en política, el edil era propietario de una empresa de artes gráficas (Gráficas del Sur) que subcontrataba trabajos a Grupo 2Color. La UCO ha documentado pagos por valor de al menos 159.919 euros realizados por Gráficas del Sur a Grupo 2Color entre 2015 y 2019, coincidiendo con el periodo en que Sánchez Muñoz ejercía como concejal.

El caso se inició tras la denuncia de dos empleados municipales y ha revelado diversas líneas de contratación presuntamente fraudulentas entre 2015 y 2018 en el segundo municipio más grande de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente, la UCO sitúa a Posse entre 2018 y 2023 en un hotel de parejas con un empresario de la comunicación que recibió decenas de contratos supuestamente fraccionados durante su etapa al frente del Consistorio.

Por otra parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado en su Gabinete de Presidencia a Vicenta Palomo, quien fuera directora de Alcaldía de Móstoles y mano derecha de Posse. Palomo tuvo que declarar como testigo en la investigación judicial que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles.

Noelia Posse no es el único caso judicial que enfrenta, ya que también está procesada en el llamado caso ITV, donde la Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación por presuntamente condonar la deuda de 615.000 euros a una empresa encargada de realizar inspecciones técnicas de vehículos.

Durante su mandato, Posse también fue criticada por nombrar a familiares en cargos municipales, incluyendo a su hermana como responsable de redes sociales del Ayuntamiento por 55.000 euros anuales, y por facilitar puestos a otros allegados.