El desarme de ETA no servirá para esclarecer los 224 atentados sin resolver

Las fuerzas de seguridad tienen pocas esperanzas de que las armas entregadas por ETA sirvan para arrojar luz sobre los 224 atentados de la banda sin resolver, ya que seguramente estarán «limpias» de pruebas y muchas de las usadas en esas acciones ni siquiera se habrán facilitado a los «mediadores».

Fuentes de la lucha antiterrorista han explicado que no creen que ETA entregue estas armas y, en cualquier caso, hay muchas que están metidas en zulos cuya ubicación ni siquiera conocen los dirigentes de la banda ni los propios etarras que los hicieron en su día.

Los encargados de luchar contra ETA han comprobado en muchos casos cómo los terroristas han sido incapaces de localizar los zulos al estar en sitios «inhóspitos» y, en caso de que efectivamente entreguen armas usadas en crímenes, esperan que estén desprovistas de huellas dactilares y restos de ADN.

Y es que el desarme de ETA deja tras de sí una gran incógnita: la de las familias de casi 300 víctimas de la banda que aún no saben quiénes fueron los asesinos de sus seres queridos a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad españolas, que han reabierto una veintena de causas para intentar resolverla.

Un tercio de los asesinatos sin resolver

Según los últimos datos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional del pasado enero, actualmente hay 224 atentados sin alguno de sus autores conocidos, más de la mitad (128) perpetrados entre 1978 y 1982, que dejaron 297 fallecidos.

Son un tercio (el 34,6 %) de las 858 personas que mató ETA en 51 años y en los últimos años la justicia ha reabierto 21 de esos atentados en una lucha contra la prescripción, el olvido y la impunidad que las víctimas ven con esperanza.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional revisa desde 2011 y a petición de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) y de otras asociaciones la situación de las causas penales sobre víctimas de la banda, aunque, según las propias víctimas, a estas alturas la única forma de resolverlas es que los terroristas colaboren y destapen a los autores.

No todos estos 224 atentados han quedado totalmente impunes, indica la Fiscalía, sino que en muchos casos no han sido aún condenados todos los etarras que participaron en ellos, sea como autores materiales o colaboradores.

El hallazgo de pruebas e indicios ha permitido reabrir 21 sumarios, el último el atentado perpetrado por la banda en 1979 en Villafranca (Guipúzcoa) en el que fueron asesinados un guardia civil y su novia.

Esta perseverancia ha permitido, por ejemplo, la reapertura en 2012 de varios atentados que estaban a punto de prescribir (hay un plazo de 20 años), como el asesinato en Madrid del coronel retirado del Ejército del Aire Aquilino Vasco Álvarez, de los guardias civiles en Oyarzun (Guipúzcoa) José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez o del policía nacional en San Sebastián Ricardo González Colino.

Hace dos años, la Audiencia también revisó el asesinato con bomba lapa del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, cometido el 22 de diciembre de 1995 en León y las nuevas pruebas llevaron a procesar a los etarras Soledad Iparragirre, «Anboto», y Sergio Polo Escobes, «Lur», como sus autores.

En estos últimos seis años se ha conseguido asimismo determinar que fue el exjefe de aparato militar de ETA Mikel Carrera Sarobe «Ata», el que asesinó en 2001 al presidente del PP en Aragón Manuel Jiménez Abad.

A la lista de 21 sumarios reabiertos se unen los del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, los asesinatos de militante socialista Fernando Múgica o los de los concejal del PP Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez.