La defensa de Eduardo Zaplana pide anular la investigación del ‘caso Erial’ por infracción de derechos fundamentales

El abogado de Eduardo Zaplana presentó el recurso tras el levantamiento del secreto de sumario de la causa, en la que está investigado Zaplana, y en la que figura un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que cifra en 10.521.351,28 euros el montante total de los presuntos sobornos recibidos por las adjudicaciones supuestamente «amañadas» del Plan Eólico Valenciano y de las ITV, que recayeron en sociedades familiares de los Cotino.

En el recurso, la defensa del ex ministro del Gobierno de José María Aznar se refiere a los papeles ‘hoja de ruta’ que acabaron en poder del ex gerente de Imelsa y autodenominado ‘yonki del dinero’, Marcos Benavent, y que la Guardia Civil encontró en un despacho de abogados durante los registros por este último caso, que instruye al Juzgado de Instrucción número 18 de València.

Según han apuntado fuentes conocedoras del recurso a Europa Press, tras recabar esta documentación, la Guardia Civil procedió a investigar estos hechos durante más de cinco meses sin que el Juzgado de Instrucción 18 decidiera formalmente ampliar la investigación por los hechos reflejados en esos documentos, y de los que finalmente se hizo cargo el Juzgado de Instrucción 8.

La defensa del expresidente de la Generalitat se basa en este supuesto defecto procesal para pedir la nulidad del auto de apertura de diligencias de la causa por una presunta infracción de derechos fundamentales.

Dudas en la datación

Además, desde el entorno del expresidente denuncian que algunos de los papeles que habría hallado el imán sirio en un sobre junto a una caja fuerte en una vivienda que con anterioridad había pertenecido a Zaplana, que acabaron en poder de Benavent y que habrían sido el origen de la investigación de la ‘operación Erial’, están fechados tiempo después de que el exministro hubiera vendido el inmueble.

En concreto, se refieren a dos documentos, un artículo de un diario económico cuya fecha de impresión era el 3 de noviembre de 2009 y un escrito con un balance económico depositado del año 2006 que teóricamente habría sido aprobado en el ejercicio de 2007, mientras que Zaplana vendió este piso el 18 de diciembre de 2006.

El exministro y sus dos presuntos testaferros –Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica y ex alto cargo en la época de Zaplana, y Francisco Grau, exsecretario del consejo de administración de la CAM– quedaron en libertad el pasado 7 de febrero después de que la magistrada bloqueara 6.330.000 euros que considera que tenían en dos cuentas en Suiza, hecho que para la instructora «minimiza» el riesgo de fuga.