Cuatro meses de cárcel para el proveedor de mascarillas sin experiencia al que Torra pagó 35 millones

El conseguidor de mascarillas de la Generalitat de Cataluña que, a pesar de no tener experiencia, consiguió más de 35 millones de euros públicos del Govern de Quim Torra (Junts) ha pactado una condena de cuatro meses de cárcel por defraudar 255.550 euros a Hacienda. Tal como adelanta OKDIARIO, administrador único de Basic Devices SL ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por un delito contra la Hacienda Pública cometido durante la venta de material sanitario en 2020. Se trata de un contrato muy polémico, ya que se aceleró tras una llamada a la mujer de Torra.

En virtud del acuerdo alcanzado, además de la pena de prisión, que previsiblemente será suspendida, el empresario deberá pagar una multa de 102.220 euros y no podrá recibir subvenciones ni beneficios fiscales durante nueve meses.

La empresa, que importó material sanitario principalmente de China, vendió mascarillas y equipos de protección al Instituto Catalán de Salud por 35 millones de euros y al Instituto de Radiofarmacia Aplicada de Barcelona por 3,5 millones. Según el escrito de acusación, consultado por este periódico, el acusado J.M.P.R. «minoró artificialmente» las autoliquidaciones trimestrales del IVA para reducir artificialmente la cantidad a pagar, declarando importes que no correspondían con los registrados en la contabilidad. Como resultado, la empresa dejó de ingresar 255.550 euros en las arcas públicas.

El caso salió a la luz tras una inspección de la Agencia Tributaria iniciada en marzo de 2021. El acusado ha regularizado completamente su situación tributaria, pagando tanto la «cuota defraudada» como los intereses de demora correspondientes antes de ser citado a declarar.

Fuentes próximas al empresario subrayan a OKDIARIO que «ya hicieron todos los pagos requeridos». «Cuando se eleva a tribunales quedaban 10.000 euros sin pagar. No hubo ánimo de defraudar, es un mero error», trasladan. Además, otro de los empresarios que fueron investigados (Roger Parellada) consiguió el sobreseimiento libre de las actuaciones en noviembre de 2023 por decisión d Juzgado de Instrucción número de Vilafranca del Penedès.

En su momento llamó la atención que el independentismo no exigió con dureza explicaciones sobre el caso Koldo. Tras conseguir la Ley de Amnistía  y tras avanzar que siguen apostando por la independencia, un caso de corrupción en el seno de Moncloa no fue utilizado por los secesionistas que gustaban de recurrir al clásico Espanya ens roba.

Una razón podía ser que también había irregularidades en los contratos catalanes. En 2020, El País publicó: «La Generalitat denuncia una estafa de 35 millones en la compra de material sanitario». El pago fue paralizado porque las entidades bancarias desconfiaron del proveedor, Basic Devices. La prensa apuntó a «35 millones a dedo para una empresa desconocida» y que «el órgano de control catalán alerta sobre la falta de garantías en una millonaria compra de urgencia». En 2022 se desveló la implicación de la esposa de Torra en el caso a través de una llamada.

También se destacó que la Generalitat retiró la denuncia contra la empresa de las mascarillas en tres días. La consejera autonómica del ramo, Alba Vergés, de ERC, evitó dar explicaciones sobre el susodicho expediente en rueda de prensa. Ahora que Salvador Illa, ex ministro de Sanidad, es el presidente de la Generalitat, tampoco se ha subrayado este caso.

El caso de Basic Devices tenía varios elementos clave. Por ejemplo, la sede social de Basic Devices en Vilafranca del Penedès carece de actividad y señalización visible. Los vecinos se mostraron extrañados con las visitas de periodistas buscando información y aclaraciones a los responsables de embolsarse 35 millones públicos sin concurso público. El de Basic Devices fue el segundo mayor contrato de emergencia adjudicado por la Generalitat durante la pandemia.

Además, la Oficina Antifraude de Cataluña investiga el contrato, calificándolo de «temerario» por la falta de garantías y contactos preliminares poco transparentes. Indicaban que la empresa estaba inactiva, no tenía empleados y nunca había manejado operaciones similares antes de la adjudicación. Ni la Consejería de Salud ni los propios administradores de la empresa han aclarado por qué se recurrió a esta compañía sin experiencia para un contrato tan significativo.

La Generalitat transfirió 35 millones el día después de firmar el contrato, a pesar de que no había marco legal que respaldara tal pago en ese momento. En otros casos, los proveedores tenían que adelantar el dinero para traer de China el material contra el Covid-19. Aunque había una denuncia inicial del Ejecutivo catalán se retiró tras recibir documentación de los administradores.

Otro detalle que sorprendió mucho fue que aparecieron perfiles falsos en redes sociales y páginas web atribuidas a los administradores, con fotos generadas por ordenador y datos ficticios. Esos empresarios de apellido Parellada administran decenas de sociedades en diversos sectores como restauración, inmobiliaria y finanzas.