C’s quiere controlar la comisión de las cajas porque teme un pacto oculto de PP y PSOE

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 10/05/2017 01:48
  • Actualizado: 10/05/2017 01:48

Ciudadanos quiere hacerse con la presidencia de la comisión sobre las cajas de ahorro porque teme que un acuerdo entre PP y PSOE acabe convirtiéndola en «irrelevante». 

En fuentes de la formación ‘naranja’ se prevé que un pacto entre las dos formaciones mayoritarias acabe determinando cuestiones decisivas, como la lista de comparecientes o la solicitud de información a los grupos. Cuestiones en las que el papel de la presidencia juega un papel fundamental y que, en la práctica, puede acabar ‘poniendo sobre las cuerdas’ a los partidos.

En principio, y por acuerdo entre PP y PSOE, la presidencia recaerá en la portavoz de Coalición Canarias, Ana Oramas, adscrita al Grupo Mixto. Ambas formaciones apalabraron esa presidencia ya antes de Semana Santa, al considerar que cumple con el perfil que buscaban: alguien perteneciente a los partidos minoritarios, con experiencia previa en la gestión de una comisión de investigación y conocimientos de Economía.

Desde Ciudadanos se dio en su día su visto bueno a esa candidatura, pero el partido de Rivera ha reconsiderado su posición y cree ahora una oportunidad de oro el hacerse con la presidencia. En fuentes del partido se plantea además que Oramas pase a presidir la comisión sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular que, con la de cajas, se constituye este jueves en el Congreso y que sigue sin presidente por los desacuerdos entre los grupos. La diputada canaria ha rechazado sin embargo hacerse con el control de esa comisión, una de las exigencias de Rivera para facilitar la investidura de Mariano Rajoy.

En fuentes parlamentarias de C’s, se rechaza presidirla, algo que no deja de resultar llamativo tras la insistencia de Rivera en su puesta en marcha. La formación tuvo que recurrir a PSOE y Unidos Podemos para impulsarla, ante las resistencias de los ‘populares’.

Renuncia a la de financiación

Sin duda, y en términos estratégicos, controlar la comisión sobre la crisis bancaria, «un tema en el que todos los partidos tienen una u otra responsabilidad», como se sostiene en fuentes de C’s, otorga a la formación un papel de «árbitro» nada despreciable.

Mientras, la que se ocupa de la financiación pondría frente a frente al PP con su ‘socio’, y con el factor añadido de que los ‘populares’ se reservan aún la «bala» de su comisión paralela en el Senado por la que, con toda seguridad, desfilarán los dirigentes de todas las formaciones. También Rivera. 

Además, su puesta en marcha coincide con un momento álgido de la negociación parlamentaria, con votaciones de gran importancia para el Ejecutivo, como los Presupuestos Generales o el decreto de la estiba.

La pasada semana, los grupos dieron a conocer a sus representantes en la comisión. Por parte del PP, serán Carlos Floriano, Ramón Aguirre, Miguel Ángel Paniagua y a Juan Manuel Juncal. El PSOE ha elegido a Pedro Saura como portavoz, además de Pedro Muñoz González y Margarita Pérez.

Ciudadanos estará representado por perfiles fundamentalmente económicos, como  Toni Roldán y Francisco de la Torre, además de Ignacio Prendes, vicepresidente primero de la Mesa del Congreso.

Unidos Podemos, entre tanto, ha apostado por Alberto Garzón como portavoz, junto con la diputada de En Marea, Yolanda Díaz, y Rafael Mayoral. Idoia Sagastizabal representará al PNV y ERC ha colocado a Esther Capella como portavoz.

Rato, la comparecencia más reclamada

En esta comisión, la comparecencia más reclamada será sin duda la del exvicepresidente Rodrigo Rato. 

El Congreso aprobó su constitución el pasado febrero y por unanimidad. Su objetivo es analizar el origen de la crisis financiera desde el año 2000 hasta 2015, la burbuja inmobiliaria y la gestión y control del rescate a las entidades financieras, incluído el caso de Bankia y la actuación del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la salida a Bolsa de la entidad ahora nacionalizada. La comisión se dio un plazo de seis meses para sus conclusiones, aunque sus trabajos podrían prorrogarse.

Según el acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios, la citada comisión pretende «conocer, analizar y evaluar en profundidad y rigor las causas que originaron la crisis financiera y económica de España, desde su gestación hasta el estallido de la burbuja de crédito inmobiliario, y su impacto en el sector financiero español».

Con la comisión también se pretende «evaluar las políticas de reestructuración y saneamiento del sector financiero», así como la gestión que originó la situación de Bankia, su salida a Bolsa y su posterior rescate, al igual que las actuación de los organismos de supervisión. Además, se analizarán los problemas institucionales de gobernanza de las cajas de ahorro, y se plantearán medidas para garantizar la máxima transparencia en la gestión de las entidades rescatadas.

Además, la comisión analizará también la venta de las entidades nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), para garantizar que el Estado y el contribuyente obtengan el máximo retorno tras su rescate. De esta forma también abordará temas futuros como el análisis de los problemas, debilidades y retos futuros del sistema financiero. También pretende detectar las «posibles irregularidades» en la protección del cliente de productos financieros.

La comisión estará compuesta por 17 diputados: cuatro del PP, tres del PSOE, tres de Unidos Podemos, tres de Ciudadanos, dos del Grupo Mixto, uno de ERC y otro del PNV. A la hora de votar se atenderá el voto ponderado, el peso que cada grupo tiene en el Pleno de la Cámara.

Con su puesta en marcha, serán tres las comisiones de investigación que estarán a la vez en activo en el Congreso. La primera de ellas, la que tiene que ver con el supuesto uso partidistas del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, fue la primera en echar andar pero en estos momentos se encuentra bloqueada ante la falta de acuerdo de los grupos en cuanto a los comparecientes a los que quieren llamar. Por ese órgano ya han pasado el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso y el propio Fernández Díaz.