C’s pide al Parlament condenar que los ayuntamientos declaren non grato «a quien piensa diferente»

Ciudadanos ha registrado una propuesta de resolución para que el Parlament condene la práctica de ayuntamientos de declarar persona non grata «a quien piensa diferente».

La propuesta, recogida por Europa Press, pide al Parlament trabajar para que esta práctica «no vuelva a producirse en el futuro, como manera de preservar la convivencia ciudadana y el buen funcionamiento del ordenamiento democrático».

C’s también recoge la voluntad de que los diputados apoyen el texto para reflejar su «compromiso con los principios y valores recogidos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE».

Por ejemplo, en octubre el pleno del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) declaró non grato al Rey, al presidente y la vicepresidenta del Gobierno, al delegado del Gobierno y a la líder de Cs en Cataluña; y el de Llívia (Girona) lo hizo con la líder de Cs.

En su escrito, C’s argumenta que en Cataluña hay prácticas «reprobables con miras al escarnio de algunos ciudadanos, como los escraches, las pintadas intimidatorias o el insulto generalizado en las redes».

También ve vulnerados la garantía de recibir trato igual y no discriminatorio, el derecho de participación política, la libertad de movimiento y el derecho a la propia imagen y el honor.

EVITAR EL «SEÑALAMIENTO»

En ese plano sitúan estas declaraciones de persona non grata por parte de asociaciones y de ayuntamientos, lo que tachan de práctica especialmente grave «por su carácter vejatorio y de señalamiento».

Critican que quienes promueven esas acciones son cargos públicos que «involucran con su comportamiento a la institución de la que forma parte y a la que pervierten al utilizarla para sus fines personales, de partido o de ideología».

Aseguran que declarar a alguien non grato pretende «imponer al que piensa diferente una sanción de facto extrajudicial, sin cobertura legal e inapelable, lo cual constituye una verdadera aberración jurídica, inadmisible en un Estado social y democrático de Derecho».