Se creará la figura del «testigo protegido» para investigar casos de corrupción

La reforma de la Administración de Justicia para luchar contra la corrupción y despolitizar el nombramiento de los jueces es una de las claves del pacto suscrito este domingo entre el PP y Ciudadanos.

Una de las medidas más innovadoras es la aprobación de una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción, que regulará la figura de los «testigos protegidos» que colaboren con la Justicia en las investigaciones sobre corrupción.

Además, PP y Ciudadanos se proponen reformar el Código Penal para introducir el delito de enriquecimiento ilícito, «una vez se tengan todas las garantías sobre su constitucionalidad», señala el pacto firmado este domingo.

Los corruptos deberán devolver lo robado

En el mismo sentido, ambas formaciones políticas quieren potenciar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos incautados a los condenados por corrupción, con el fin de garantizar que devuelvan lo robado.

Tal como había adelantado OKDIARIO, 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) serán elegidos directamente por los jueces, en lugar de por el Parlamento. Se recuperará así el modelo que derogó el PSOE en 1983, cuando Alfonso Guerra anunció la muerte de Montesquieu.

Pero además, se eliminará la potestad de los parlamentos autonómicos de proponer una terna para elegir al presidente de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia. El objetivo de ambas medidas es que los magistrados que van a investigar o juzgar casos de corrupción no sean nombrados a propuesta de los partidos políticos.

Las ‘puertas giratorias’ de la política

Los firmantes del pacto también quieren combatir las puertas giratorias en la Justicia, endureciendo las condiciones para que los jueces que entren en política regresen a su plaza. Los últimos magistrados que han dado este salto lo han hecho en las listas de Podemos: Victoria Rosell como cabeza de lista en Canarias (aunque no ha repetido como candidata en los comicios del 26J) y Juan Pedro Yllanes en Baleares.

PP y Ciudadanos anuncian que mejorarán los medios materiales de la Justicia y su especialización para combatir delitos económicos y de corrupción. Además, se comprometen a impulsar un modelo de «Justicia 24 horas», dotando de medios telemáticos a la  Sede Judicial Electrónica.

Combatir el terrorismo yihadista

También quieren dotar al Ministerio Fiscal de mayor autonomía: el fiscal general del Estado deberá tener al menos 20 años de experiencia en el ejercicio profesional y se establecerá un mecanismo para su reprobación y cese por el Congreso de los Diputados.

Dos últimas medidas que afectan a la Administración de Justicia. El pacto suscrito por ambos partidos prevé revisar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana –la mal llamada Ley mordaza– y desarrollar el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la radicalización violenta, incrementando la colaboración entre los jueces y las fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo yihadista.