El Constitucional admite a trámite los recursos de Chaves y Griñán, como adelantó OKDIARIO

El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, ha admitido a trámite los recursos de amparo presentados por los ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, junto a los otros 12 condenados por el caso ERE. Una resolución que ha ejecutado antes de las elecciones generales del 23 de julio convocadas este lunes por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, tal y como adelantó OKDIARIO. Así, el tribunal de Garantías ha desobedecido la regla no escrita de evitar pronunciamientos sobre asuntos de especial transcendencia política en fechas próximas a los comicios.

En concreto, este lunes la Sala Segunda ha analizado la admisibilidad de los doce recursos de amparo presentados por la sentencia de los ERE. En un principio, el asunto se incluyó en el Pleno del 22 de mayo, pero finalmente se decidió no abordarlo hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del día 28. Tras el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, algunos magistrados pusieron de relieve la necesidad de postergar nuevamente esta deliberación, pero, después de consultar con varios magistrados, se optó por mantenerlo.

Cabe recordar que la admisión a trámite no implica manifestarse sobre el fondo del asunto. La magistrada responsable de estas ponencias es la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, en cuyo despacho recayó la primera impugnación, la presentada por la ex ministra socialista Magdalena Álvarez.

Aunque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que la propuesta de admisión o no de los recursos de amparo es competencia de las secciones, en este caso tuvo que elevarse a la Sala Segunda porque no había unanimidad entre los tres magistrados que formaban la sección competente. La posición de Montalbán era admitir, pero no contaba con todo el apoyo de la Sección Tercera –integrada por la también magistrada progresista Laura Díez y su compañero conservador César Tolosa–, porque este último se oponía.

Cabe recordar que a primeros de marzo el Tribunal Supremo ya rechazó el incidente de nulidad que presentaron todos ellos contra las sentencias que confirmaban sus condenas. Alegaban una supuesta vulneración de derechos fundamentales porque, según sus defensas, se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia por la anticipación del fallo de la sentencia en julio de 2022, dado que el contenido de la resolución no se hizo público hasta septiembre del año pasado, cuando se incorporó el voto particular que emitieron las dos magistradas de izquierdas, Ana María Ferrer García y Susana Polo García, que entendían que Griñán y otros cuatro ex altos cargos ajenos a Empleo –Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar– debieron haber sido absueltos.

En el caso de Griñán, sus abogados también alegaron el incidente de nulidad porque consideraron que no se había dado respuesta a determinadas cuestiones planteadas. Unas alegaciones que se vuelven a dar en el recurso de amparo ante el Constitucional de un Griñán que sigue en su casa tras alegrar un cáncer de próstata que los tribunales le están permitiendo tratarse fuera de prisión.

Sortea la prisión

Han pasado ya casi nueve meses desde que Griñán fue condenado en firme y todavía no ha pisado la cárcel. Hace unas semanas, una médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) emitió un informe en el que consideraba que tiene una «enfermedad muy grave», que necesita un «apoyo familiar y social» y que desde prisión tendría «dificultades» para acudir a urgencias en caso de necesitarlo.

El condenado Griñán padece un adenocarcinoma de próstata de «alto riesgo», según el citado informe, que recuerda que aunque ha finalizado el tratamiento de radioterapia, continúa con el tratamiento hormonal. En este sentido, el IML considera que «se desconoce» la evolución del ex presidente socialista de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, otros forenses judiciales han analizado el informe clínico del ex presidente socialista de la Junta de Andalucía y del PSOE en exclusiva para OKDIARIO y aseguran que no tiene metástasis, padece cáncer de próstata con un «buen pronóstico» y no es un enfermo terminal. Por tanto, concluyen que se trata de un enfermo con «un tratamiento totalmente compatible con su estancia en prisión». El histórico dirigente del socialismo español está condenado en firme a seis años de cárcel por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados.