Las comunidades del PP no acogerán menas si el Gobierno no lo financia: «Sánchez mercadea con niños»

• Beatriz Dávila @beoloborda
• Redactora de Nacional en OKDiario I PP I Congreso y Senado I beatriz.davila@okdiario.com I Ex de ElToroTv y esRadio
• • 18/03/2025 12:04
  • Actualizado: 18/03/2025 21:10

El PP rechaza el acuerdo para el reparto de menas que han sellado el PSOE y Junts. Génova advierte de que ninguna comunidad autónoma gobernada por los de Alberto Núñez Feijóo aceptará acoger a menores inmigrantes si no hay garantías ni financiación y acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad».

Fuentes del PP han ahondado en el desprecio que, afirman, mantiene el presidente Sánchez hacia las autonomías y los menores: «Los menores inmigrantes son personas a quienes el Estado debe atender, no paquetes a recepcionar».

El acuerdo anunciado por Junts, mediante el cual asumirá la acogida de tan sólo 20 menas para Cataluña -la Comunidad de Madrid recibiría al menos 700-, llega un día después de conocerse que, dentro del acuerdo sellado entre el PP y Vox para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad Valenciana, el popular Carlos Mazón habría aceptado una de las líneas rojas de los de Santiago Abascal en relación a la acogida de menas.

Según sostienen en la sede nacional del PP, «es insolidario» condenar a los menores a estar hacinados en centros que están saturados, como también lo es «repartir a los inmigrantes llegados a las costas españolas de manera asimétrica y siguiendo solo criterios partidistas».

Desde el PP, las mismas fuentes recuerdan que ellos establecieron una serie de condiciones «razonables» para modificar la ley de Extranjería pero «el Gobierno ha preferido negociar un decreto con Junts antes que una ley con el PP.

Además, sostienen que el pacto con los separatistas no tiene nada que ver con aquello a lo que se habría comprometido el Gobierno en un inicio. Sobre la mesa estaría la asunción de un reparto voluntario por parte de todas las comunidades de hasta 400 de estos menores. Así, Cataluña asumiría un 9% de total, Madrid un 8,9%. Un acuerdo, el anteriormente presentado por el Ejecutivo, que para el PP era justo porque «no había grandes diferencias entre territorios».

«El reparto que, al parecer, han acordado con Junts no parece que vaya a seguir estas mismas proporciones y eso acredita el carácter partidista del acuerdo», han incidido estas mismas fuentes oficiales.

En este sentido, en el PP también han criticado duramente que, al igual que el Ejecutivo «troceó la gestión de fronteras y el control de la inmigración» para «contentar al independentismo catalán» en detrimento del resto de territorios, ahora se abre a «mandar inmigrantes con carácter discrecional y con criterios políticos».

Ayuso se niega

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado que recurrirá en los tribunales y en la UE el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la formación independentista de Junts. «Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva», ha expresado en la red social X, antes Twitter.

De los 4.000 menas que se encuentran actualmente en las Islas Canarias, ascienden hasta los 700 el número de estos menores los que la región madrileña debería asumir. Ayuso ha acusado a Sánchez «usar a los menores como arma política».

El presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, en sintonía con varios de los barones el PP, ha anunciado que recurrirá el real decreto aprobado por Sánchez y sus socios. Desde su grupo ha insistido en que ejercerán una «oposición frontal», también en Europa, a las políticas «xenófobas» que han pactado el PSOE y Junts.

También la vicepresidenta de la junta de Castilla y Léon, Isabel Blanco, ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de «mercadear» con los niños migrantes. Desde el Gobierno de la Junta además, han instado a la necesidad de un control de fronteras y la activación de la agencia europea de Frontex. Según los de Alfonso Fernández Mañueco, son problemas que pueden solucionarse implementarse con medidas en origen y una mejor financiación, cosa que han insistido «no hace el Estado».