Compromís pide quitar a los benedictinos la gestión del Valle de los Caídos
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha pedido este domingo al Gobierno la anulación del decreto ley de 1957 que permite a los benedictinos la gestión del Valle de los Caídos, dado que, según ha dicho, fue firmado "por un Gobierno ilegal" y "están incumpliendo los fines" para los que se les concedió.
En un comunicado difundido este miércoles, el portavoz de Compromís reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que esté utilizando el tema de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos como «una cortina de humo» en lugar de adoptar soluciones inmediatas.
La coalición valenciana recuerda que el Decreto Ley de 23 de agosto de 1957 creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y atribuyó la titularidad y administración del lugar a esa fundación, cuyo patronato y representación correspondían al jefe del Estado.
Los fines fundacionales eran «rogar a Dios por las almas» de «todos los caídos» y por España, así como «laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres», sobre la base de la doctrina social católica.
Esas tareas fueron delegadas a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz a través de un convenio, suscrito con fecha de 29 de mayo de 1958, entre la Fundación y la Abadía Benedictina de Silos, a petición del Estado.
Mulet considera que ese convenio atenta contra la ley del 2007 de Memoria Histórica, en tanto y cuanto en sus obligaciones está la exaltación del franquismo, y por otro lado subraya que la Fundación no se ajusta a la actual legislación en cuanto a fundaciones.
Lo que dice el Vaticano
Según la legislación actual, dice Mulet, «las funciones de patronato y representación de la Fundación se asignan al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por lo que el Gobierno tiene todo el amparo normativo para expulsar a esta orden del Valle de los Caídos».
El debate sobre la exhumación de los restos de Franco llegó este sábado de nuevo al Vaticano. A preguntas de los periodistas, su portavoz provisional, Alessandro Gissoti, evitó inmiscuir a la Santa Sede y reiteró que «el asunto concierne a su familia, al Gobierno español y a la Iglesia local».
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