Cataluña recaudó 500.000 € en multas a comercios con el plan lingüístico que ahora quiere endurecer Illa

El Gobierno de Pere Aragonés recaudó casi medio millón de euros a través de las multas impuestas a comercios por el incumplimiento de la política lingüística. En 2023, el departamento de consumo llevó a cabo un total de 261 sanciones a establecimientos por no rotular o hablar en catalán, algo que, ahora, quiere reforzar el nuevo Ejecutivo del socialista Salvador Illa. El montante total de estas sanciones ascendió el pasado año a los 496.920 euros, lo que supone un aumento del 340% con respecto al ejercicio anterior.

Según se desprende de los datos de la Agencia Catalana del Consumo, donde se muestra que, la vulneración de los derechos lingüísticos fue el segundo motivo por el que más inspecciones se llevaron a cabo y la tercera mayor vía de recaudación del total de multas que fueron impuestas a los comercios en 2023. Además, la cuantía de las sanciones ha ido in crescendo: en 2022, se impusieron 68 sanciones, que comportaron el pago de 112.606 euros, frente a las 16 correspondientes a 2021, que se saldaron con 17.350.

Un aumento que puede consolidarse con bajo el mandato de Illa, que ya ha anunciado medidas en materia lingüística. El catalán es una de las piedras angulares del acuerdo entre Pedro Sánchez y ERC. Por este motivo, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha lanzado un plan lingüístico que incluye entre sus puntos un aumento del control y de las inspecciones a comercios y empresas que no rotulen u ofrezcan sus servicios en catalán. Una medida «necesaria» para el Ejecutivo de Illa, que asegura que los catalanes «pueden dejar de usarlo» si desde las organizaciones privadas no se «normaliza».

Salvador Illa culpa al régimen de oficialidad vigente, a los movimientos migratorios y a la extensión del inglés, de la pérdida lingüística en la región. «En este contexto, no puede perderse de vista que el catalán mide sus fuerzas con dos de las lenguas más importantes del mundo contemporáneo, como son el castellano y el inglés, lo que incrementa exponencialmente el peso de las presiones que experimenta», apunta el informe sobre el uso del catalán que el Gobierno socialista ha encargado para justificar su hoja de ruta. Por este motivo, Illa plantea «una intervención ambiciosa» liderada por los poderes públicos, que incluye medidas como el impulso del catalán en las aulas y en las administraciones públicas.

Pero no sólo eso. El Gobierno de la Generalitat también quiere involucrar al sector privado, endureciendo las inspecciones lingüísticas. «Es necesario garantizar activamente el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y en el comercio, como por ejemplo la rotulación, etiquetado, atención al público, oferta de servicios», recoge el plan de acción elaborado por Illa. Para ello, dotará a los organismos encargados de velar por este cumplimiento del personal y los recursos necesarios, incrementando así los controles a las organizaciones privadas en materia lingüística.

Policía del catalán

La llegada de Salvador Illa al Gobierno de la Generalitat ha reactivado las inspecciones lingüísticas a comercios de la región. Concretamente, el Servicio Comarcal del Catalán ha visitado de forma aleatoria este verano 20 establecimientos comerciales y de restauración en pueblos turísticos de la zona de Reus (Tarragona) para comprobar si cumplían con la Ley de política lingüística. De esta forma, estas inspecciones de la policía del catalán han continuado con Illa en pleno auge de la persecución del catalán tras el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y ERC para investir al candidato socialista.

Este verano, el Servicio Comarcal del Catalán del Priorat (SCC) ha llevado a cabo una campaña de inspecciones en las localidades de Morera de Montsant, Escaladei, Porrera y Poboleda, pueblos que se caracterizan por ser muy turísticos. El objetivo de las visitas era dar a conocer los servicios que se ofrecen al sector empresarial, en especial el servicio de revisión de textos, un servicio gratuito para empresas de 10 o menos trabajadores que pretende garantizar que las empresas y tiendas tengan en catalán y en un catalán de calidad la rotulación y la documentación.

Durante las inspecciones, se ha hecho también una observación sociolingüística en la que se ha podido comprobar que el 100% de los establecimientos observados cumplen la Ley de política lingüística en lo que se refiere al rótulo principal o que el catalán es de entrada la lengua de atención al público en un 90% de los comercios de las localidades donde se han llevado a cabo estas visitas.