Boye utilizó a testaferros en Madrid para blanquear el dinero de la droga de Sito Miñanco

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, presuntamente utilizó a testaferros residentes en Madrid para ponerles al frente de empresas dedicadas a la compra-venta de inmuebles para presuntamente blanquear grandes cantidades de dinero del narcotraficante Sito Miñanco, según apuntan los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Fuentes cercanas a la familia del narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, cuentan a este periódico que el abogado Gonzalo Boye creó un entramado societario para recuperar 889.000 euros incautados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) con el objetivo de enviarlo a Colombia.

Al frente de estas sociedades se encuentran administradores que «no tienen relación alguna con Sito Miñanco». Es más –explican–, el abogado colocaba al frente de las empresas a personas residentes en Madrid y se preocupaba por no dejar ningún cabo suelto. La orden era clara: «Los testaferros no podían tener ningún vínculo con el narco gallego, ni siquiera compartir la residencia».

Testaferros de Madrid

El capo mostró un gran empeño en no tropezar con la misma piedra. Por ello quiso desvincularse y alejar a toda su familia de las sociedades pantallas utilizadas para «lavar el dinero». A principios de año Sito Miñanco fue condenado cuatro años de prisión y seis millones de euros de multa por la Audiencia Provincial de Pontevedra. Una sentencia que afectó de forma directa a su núcleo familiar a quien relacionaron con los negocios de la inmobiliaria ‘San Saturnino’.

El tribunal consideró que esta empresa se convirtió en el «eje central» de la actividad de lavado de dinero procedente del narcotráfico y que todos sus familiares «orbitaban» entorno a los negocios de la inmobiliaria.

Este miércoles deberán acudir a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de investigados: Gonzalo Boye y los dos testaferros utilizados para creas sociedades ficticias en beneficio del narcotráfico. Así lo ha ordenado la juez María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, en un oficio que ha dado conocer este mismo lunes tras ejecutarse los registrados tanto en el domicilio y despacho del letrado como en otras dos propiedades de los testaferros.