Ayuso recurre al Constitucional la decisión de Sánchez de señalar la Real Casa de Correos como franquista
El Gobierno de Ayuso considera que Sánchez es "desleal al ejercer un ataque a sus competencias bajo un fin oscuro"
Exigen al Gobierno central que no ensucie el nombre de la Real Casa de Correos ni de los madrileños
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurrirá al Tribunal Constitucional la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de señalar la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, como un lugar de represión franquista. Así lo ha comunicado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.
Isabel Díaz Ayuso ya anunció la semana pasada que recurriría ante el Constitucional el intento del Ejecutivo central de colocar una placa en la Real Casa de Correos para recordar su pasado como lugar de represión franquista por considerar que el Gobierno de Sánchez es «desleal» al ejercer un «ataque» a sus competencias bajo un «fin oscuro».
Por esta misma razón, Miguel Ángel García Martín ha explicado este miércoles que «han encomendado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para que interponga y formalice ese conflicto positivo de competencias» a la vez que ha criticado que el Ejecutivo nacional quiera «dinamitar todos y cada uno de los puentes que se construyeron durante la Transición».
«Volvemos a exigir al Gobierno central que no ensucie el buen nombre de la Real Casa de Correos y por extensión de todos los madrileños», ha reivindicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid.
Ataque a Isabel Díaz Ayuso
El Gobierno quiere continuar con el señalamiento franquista a la sede de Gobierno autonómico porque la Real Casa de Correos actuó desde 1939 hasta 1975 como Dirección General de Seguridad del régimen franquista. Este edificio en la Puerta del Sol, con más de 250 años de historia, tiene la máxima protección como Bien de Interés Cultural. Durante este tiempo, la Real Casa de Correos ha sido testigo, por ejemplo, de los levantamientos del 2 de mayo de 1808 y ha sido sede del servicio postal o el Ministerio de Gobernación. Desde 1985 es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y, a juicio del Gobierno de Ayuso, está ya «completamente resignificada».
Por este motivo, el pasado mes de diciembre el Gobierno de Ayuso presentó un requerimiento para evitar que la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol quede permanentemente vinculada al franquismo y lamentó que la decisión unilateral del Estado represente un ataque frontal a distintas competencias exclusivas autonómicas y al principio de lealtad institucional. Sin embargo, el Consejo de Ministros rechazó el pasado martes este recurso y aseguró que «no hay vulneración ni invasión de competencias autonómicas», ya que este supuesto está incluido en la Ley de Memoria que el Gobierno pactó con Bildu.
Con el objetivo de frenar esta maniobra del Gobierno de Sánchez, Ayuso aprobó en la Asamblea de Madrid una ley que evita el señalamiento franquista a un edificio con más de 250 años de historia. Esta normativa dispone que la Comunidad de Madrid ordenará el cese inmediato de las actuaciones que perjudiquen la neutralidad, el respeto a la verdad, la imagen institucional y el uso actual de la Real Casa de Correos, incluyendo la instalación de ninguna placa o distintivo y la celebración de eventos que resulten incompatibles en ese sentido o puedan generar confusión sobre la condición del edificio como sede de la Presidencia regional.
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