La ANC y el sindicato CSC convocan una asamblea para calmar a los funcionarios y apoyen el referéndum

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el sindicato independentista CSC han convocado para el 10 de julio una asamblea abierta de funcionarios y empleados públicos para calmarles ante los interrogatorios que está haciendo la Guardia Civil a propósito de la campaña institucional que anima a participar en el referéndum ilegal.

El portavoz de la Intersindical, Marc Sallas, explicó este jueves en una entrevista radiofónica que el acto servirá para explicarles cuáles son las condiciones imprescindibles para que realmente la justicia española pueda condenar a un funcionario por desobediencia o prevaricación. Es decir tal y como ya publicó OKDIARIO, la Generalitat sigue ‘adoctrinando’ a los funcionarios y explicándoles cómo pueden sortear a la justicia para que apoyen el referéndum ilegal.

Las dos entidades pretenden explicar en la reunión que los funcionarios no tienen que sufrir si se limitan a cumplir las órdenes de los cargos políticos. «Los dos presuntos delitos por los que se les podría inculpar, prevaricación y desobediencia, no se corresponden con lo que tendrá que hacer un trabajador normal y corriente», dijo Sallas.

Los funcionarios declaran desde hace dos semanas ante la Guardia Civil en calidad de testigos en una investigación abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Esa investigación se centró inicialmente en unas declaraciones del ex magistrado y entonces senador de ERC Santiago Vidal, en las que afirmaba que la Generalitat había obtenido de forma ilegal datos fiscales de los catalanes.

La convocatoria intenta calmar los ánimos ante la descoordinación entre las fuerzas independentistas tras la cumbre que tuvo que convocar de urgencia el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, esta semana. El concurso para adjudicar la empresa que fabricará las urnas del referéndum quedó desierto, según el gobierno catalán por falta de homologación en el último trámite.

Una verdad, contada a medias según el resto de grupos que apoyan la consulta, asegurando que el miedo real es la inhabilitación. Cabe recordar que por este asunto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido la querella presentada por Fiscalía contra la consejera de Gobernación, Meritxel Borràs.

«Reventar la legislatura»

El portavoz del secretariado nacional de la CUP, Quim Arrufat, advirtió de que si el Govern no hace los deberes para que el 1 de octubre pueda haber un verdadero «referéndum desobediente», los anticapitalistas intentarán «reventar la legislatura» y «pedir responsabilidades».

Arrufat opinó este jueves que «el grueso del Govern está alineado con el referéndum», pero «hay algunos elementos que pensamos que no». Estos perfiles más escépticos dentro de la Generalitat, que ya «no se creyeron» hace un año la apuesta de la CUP por un referéndum, «hace muchos años que viven a las instituciones, están muy bien acostumbrados al poder autonómico, calculan que todo será más o menos un 9N» y consideran que «no hay que arriesgar su estatus personal, ni sus propiedades personales, ni el cargo».

Según Arrufat, «esta gente en el Govern no debe estar». «El presidente y los responsables de su ejecutivo deben ser conscientes de que toda la gente que tienen en el barco, la tropa, deben ir hasta el final. No vale que del propio ejecutivo que debe organizar el referéndum vengan los errores, las deserciones, las dilaciones, porque entonces la maquinaria no funcionará», ha dicho.

Arrufat alertó de que «si hay un porcentaje elevado de cuestiones previsibles en la estrategia para organizar un referéndum desobediente que han fallado, aquí hay que pedir responsabilidades» y decir: «Basta, qué os habéis pensado que es esto».