La amnistía de Sánchez perdona el terrorismo pero no a los policías que actuaron el 1-O

La amnistía a los delitos cometidos en el marco del procés, incluidos aquellos que algunos jueces investigan al apreciar terrorismo, quedarán anulados. Pero no todos: al quedar excluidos aquellos referentes a «torturas y trato degradante», los 45 agentes de Policía encausados por 268 denuncias presentadas contra ellos tras su actuación, el 1-O sí se sentarán en el banquillo.

«Los policías nacionales son los únicos que van a pagar las consecuencias del intento de golpe de Estado en Cataluña». La queja proviene de la asociación policial Jupol, que ha reaccionado así al texto final de la amnistía que llegará al pleno del Congreso tras las dos enmiendas que el Gobierno ha comprado a sus socios separatistas. Dos cambios que dejan a los agentes como los únicos susceptibles de reproche penal, por lo que ocurrió durante el procés. Tanto en la jornada del 1-O como lo anterior y posterior al referéndum ilegal.

«Los policías que actuaron en Cataluña lo hicieron en todo momento de acuerdo a la legalidad vigente, cumpliendo órdenes del Gobierno de España y un mandato de la Justicia y por ello, con esta Ley de Amnistía, serían los únicos que quedarían imputados y perseguidos judicialmente por un delito que no cometieron», denuncian los policías.

La última cesión de Sánchez a sus socios independentistas condena a estos 45 agentes, que además lo tendrán bastante difícil: el Gobierno les ha señalado directamente al entender que sus acciones fueron «torturas o tratos degradantes», de forma que los denunciantes podrán recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además, este tipo de denuncias obligan a los jueces a extremar el celo en el análisis de cada una de esas 268 denuncias, ya que si uno de los denunciantes recurre al TEDH y este falla a su favor, podrían hacerlo también contra el juez alegando torturas en la «vertiente procesal» del artículo, según explican fuentes policiales.

«Una Ley que dejará imputados a policías y perdonará los presuntos delitos de los CDR, de Tsunami y del propio Puigdemont, que deberían ser procesados por terrorismo, tal y como ya ha expresado la Justicia», insisten desde Jupol.

Cabe recordar que, en el marco del procés, alrededor de 700 agentes de policía y Guardia Civil resultaron heridos de diversa consideración. Algunos graves, que incluso tuvieron que dejar el servicio activo y jubilarse a causa de sus lesiones. Los autores de estas, especialmente aquellos que no fueron localizados, dejarán de estar buscados por la Justicia.

«Me empujaron»

Hay 268 independentistas que votaron o intentaron hacerlo en el referéndum inconstitucional del 1-O denunciaron haber sufrido «torturas» por parte de los agentes de la Policía Nacional que trataron de impedir la votación para salvaguardar la legalidad. Estos cientos de denuncias están en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona que ha terminado procesando a 45 agentes de la Policía Nacional no sólo por la presunta comisión de un delito de lesiones, sino también por delitos de torturas y contra la integridad moral previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal, tal y como consta en el auto que abre el juicio contra los agentes al que ha tenido acceso este periódico.

El juez instructor Francisco Miralles ha recogido en una causa los cientos de denuncias presentadas por los independentistas del 1-O. Los testimonios de los denunciantes son variados. Desde un «me cogieron de la chaqueta y me empujaron» o «me puso el dedo en el ojo», hasta «me levantaron del suelo» pasando por «me pisaron el tobillo» o «me empujaron». Las acciones policiales -que podrían ser constitutivas de un posible delito de «torturas» tal y como señala el instructor- corresponden a los desalojos que hicieron los agentes de los colegios donde los independentistas trataron de votar de forma ilegal. Los manifestantes opusieron resistencia a pesar de que el referéndum fue declarado inconstitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó a los efectivos policiales frenar la votación ilegal.

Sin embargo, la actuación policial -enmarcada bajo el nombre Operación Copérnico- sigue en tela de juicio en los tribunales catalanes seis años después. El juez Miralles ha dado validez a los testimonios de los independentistas y ha adjuntado en la causa los informes forenses de los facultativos que atendieron a los manifestantes. La amplia mayoría de estos informes señalan que sufrieron «contusiones sin secuelas». Además, los forenses evidencian que decenas de separatistas no quisieron continuar con los procedimientos a pesar de haber denunciado previamente.