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Ayuntamiento de Sevilla

El alcalde socialista de Sevilla ordena que se tiren a la basura los crucifijos de ataúdes incinerados

El alcalde socialista de Sevilla, Juan Espadas, ha dado orden a los trabajadores de la incineradora municipal de arrojar a la basura los crucifijos de los ataúdes que sean incinerados.

Fuentes cercanas al cementerio de Sevilla aseguran que los empleados solían entregar los crucifijos a las familias de los difuntos. Aquellos que no eran requeridos se enviaban a una compactadora para su reciclaje, siempre en dependencias municipales.

Sin embargo, las nuevas instrucciones oficiales obligan a los trabajadores a desclavar los crucifijos de los féretros y arrojarlos a un contenedor de basura. Después, una empresa externa retira el contenedor.

A los funcionarios del camposanto se les ha facilitado un destornillador eléctrico para proceder a la extracción de los crucifijos.

Ofensa a los creyentes

Varios trabajadores del cementerio se han sentido contrariados por la orden. Si bien es cierto que lo lógico es desclavar los crucifijos, no entienden que éstos tengan que acabar en el cubo de la basura.

Otro de los asuntos que ha levantado ampollas ha sido el paradero de los mismos. Si no existe una reclamación sobre el símbolo religioso, los crucifijos son retirados del cementerio por la empresa y dispone de ellos sin conocerse a ciencia cierta su destino final.

Polémica subida de sueldo

La primera medida que el alcalde Espadas llevó a debate tras ser elegido fue la subida generalizada de sueldo en el consistorio.

El sueldo del alcalde quedó fijado en 84.454 euros -antes era de algo más de 63.000 euros- y en 71.644 euros para los concejales con responsabilidades de gobierno, mientras que el resto de ediles de la oposición perciben ahora 52.640 euros.

Lo cierto es que, a pesar de la polémica por haberse discutido en el primer pleno de la legislatura, la corporación de Sevilla tenía una de las retribuciones más bajas de las grandes ciudades españolas. Especialmente llamativa en el caso de los delegados de área y de los concejales de la oposición, quienes disponían del menor sueldo de entre las diez principales ciudades españolas.