Un acto anticorrupción en el Congreso veta al «imputado» PP y blanquea los ERE del PSOE y el 3% de CDC
La Plataforma X por la Honestidad –promovida en su origen para apoyar a Ana Garrido, la ex trabajadora del Ayuntamiento de Boadilla que denunció las irregularidades de la trama Gürtel– ha presentado este martes una Propuesta de Anteproyecto de Ley de Protección al denunciante de la corrupción en las instituciones públicas, con el que pretenden lograr el apoyo de las formaciones políticas para su tramitación parlamentaria.
A la presentación, celebrada en el Congreso de los Diputados, han asistido entre otros, la propia Garrido; Luis Gonzalo Segura, el teniente que fue expulsado tras revelar en un libro el acoso y las corruptelas en el Ejército; Ignacio González, portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia; así como representantes de todos los grupos, a excepción del Partido Popular –que no ha sido invitados– y de Coalición Canaria, partido con el que, según los convocantes, contactaron sin recibir respuesta.
Desde la Plataforma han justificado el veto a los populares en que se trata de un “partido que ha sido imputado», en referencia a la citación como investigado por la destrucción de los ordenadores del ex tesorero Luis Bárcenas. No obstante, al acto sí han sido citados representantes de otras formaciones que también cuentan con distintos escándalos de corrupción, como el PSOE- ERE’s- Podemos- financiación del Gobierno venezolano de Chávez- o CDC- investigado por las comisiones del 3%.
Por parte de los socialistas, el diputado Artemi Rallo ha instado a poner en marcha la legislatura para que esta propuesta pueda salir adelante y ha propuesto que la protección tenga también una dimensión en el ámbito privado y sirva para provocar una «sensibilización social».
Por su parte, Podemos ha estado representado por el diputado y ex juez de Palma de Mallorca, Juan Pedro Yllanes y la diputada Lourdes Ciuró ha acudido en nombre de la antigua Convergencia.
El acto ha contado además con la presencia de los diputados de Esquerra Republicana (ERC) Ester Capella; de Compromís, Enric Bataller; cel portavoz de UPyD, Gorka Maneiro; y el parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Ricardo Sixto.
La Plataforma pretende contar con el apoyo de los partidos para que esta propuesta inicie su trámite parlamentario. Según el Reglamento del Congreso, las proposiciones de ley podrán ser adoptadas a iniciativa de un Diputado si cuenta con la firma de otros 14 miembros de la Cámara. Los convocantes han apelado a la “unidad” de la oposición a la que han pedido que la ley se presente “a nivel conjunto”.
“La iniciativa parte de aquéllos que están sufriendo ya las consecuencias de sus denuncias de irregularidades en la Administración Pública que, con mecanismos torticeros y en fraude de ley, utilizan los instrumentos de la propia ley desde el poder del Estado en clarísima malversación, utilizando recursos legales públicos en su propio beneficio”, según se puede leer en el borrador presentado.
Un Observatorio de la Corrupción
El texto reconoce la prioridad de estos denunciantes en el mantenimiento de un puesto de trabajo en la Administración, “en un puesto alternativo pero de igual nivel retributivo al que ostentara en cualquier Administración a elegir por el denunciante” y a recibir asistencia jurídica y médica. Propone además la creación de un Observatorio de la Corrupción, un ente formado por funcionarios elegidos por sorteo de libre disposición, de entre las distintas Consejerías o Ministerios, y cuya función será evaluar todas las denuncias que le lleguen y dar traslado de las mismas a la Fiscalía.
Además, se solicita abrir un “servidor de datos soberano”, fuera de los límites de todos los países en la ONU y del Gobierno de cada país, destinado a proteger la información filtrada por los denunciantes y que una encriptación “de grado militar” para proporcionar anonimato al denunciante pero permitiendo la investigación.
La regulación tendría que esperar a la formación de las nuevas Cortes. No obstante, mientras esto ocurre, la Plataforma ha mantenido distintos encuentros con los partidos políticos para avanzar en la propuesta. Desde la misma, se asegura también que nunca han sido recibidos por los diputados del PP.
En el cierre del acto, Ana Garrido desconcertó a los asistentes al acusar a algunos partidos presentes de “incongruencia”. “En privado nos han dicho una cosa y aquí otra. Espero que esas reticencias que me han surgido a partir de esta reunión se esfumen y se conviertan en compromisos”, ha advertido.
Garrido ha apremiado a los diputados a comprometerse con la protección de los denunciantes y les ha avanzado que el 16 de noviembre ha sido invitada al Parlamento Europeo para exponer las medidas que se están tomando en este sentido en España. “Ahí os lo dejo, y espero que ese día pueda contar algo más que palabras”, les ha advertido.
Garrido ha asegurado durante su turno de palabra que recibe continuamente llamadas de personas que quieren denunciar casos de corrupción pero que no se atreven porque temen las represalias debido a que la actual legislación obliga al empleado público a denunciar irregularidades pero luego no le ampara en sus derechos.
«A mí me han castigado para dar una lección antipedagógica de lo que no debe hacer un ciudadano», ha subrayado en referencia a su situación personal, que deriva de la denuncia que efectuó cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y que le llevó a perder su trabajo, sufrir acoso y enfrentarse a múltiples causas judiciales.
Luis Gonzalo, por su parte, ha asegurado que las represalias por contar lo que vio le llevaron a perder su libertad durante más de un centenar de días y además fue vejado y sufrió «todo tipo de abusos».
«Vas a perder tu vida, te van a difamar, calumniar, vas a acabar en un centro disciplinario», ha asegurado este ex teniente del Ejército de Tierra en referencia a las personas que se encuentran en su misma postura y que dudan si denunciar ante las autoridades irregularidades que ven en el ejercicio de su trabajo. Al respecto ha dicho que tiene 1.014 mensajes de personas que quieren denunciar y no se atreven.
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