El abogado del novio de Ayuso desmiente a ‘El País’: «No es verdad que la juez vaya a indagar más delitos»

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 25/06/2024 09:48
  • Actualizado: 25/06/2024 09:48

El letrado Gabriel Rodríguez-Ramos, abogado de Alberto González Amador, ha enviado una nota de rectificación al diario El País a la que ha tenido acceso OKDIARIO en la que desmiente una información de este lunes que afirmaba que la juez del caso había aceptado «estudiar más delitos» cuando lo cierto es que la magistrada aún no se ha pronunciado al respecto. La manipulación del diario de Prisa fue incluso desmentida por otra noticia del mismo periódico donde decía que la juez María Inmaculada Iglesias aceptaba suspender la declaración del novio de Isabel Díaz Ayuso y sus cuatro presuntos colaboradores tras recibir una solicitud conjunta de PSOE y Más Madrid, ambos acusaciones populares, «pidiendo que se tenga en cuenta otros indicios».

La información se titulaba La pareja de Ayuso aceptó ocho meses de cárcel y pagar 491.000 euros en un pacto que estalló al aceptar la jueza estudiar más delitos y en su cabecera afirmaba que «el trato se frustró al admitir la magistrada estudiar más delitos». En el cuerpo explicaba: «Ahora, el pacto ha vuelto a quedar en pausa debido a que la jueza, María Inmaculada Iglesias, ha aceptado indagar sobre los cuatro posibles delitos que el PSOE y Más Madrid, personados como acusación popular, aprecian en los hechos: administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable».

Como explica Rodríguez-Ramos, no es verdad que la magistrada haya aceptado estudiar o indagar más delitos, como aludía El País, ya que «las declaraciones judiciales no pueden producirse sin que las partes y la magistrada se pronuncien sobre el contenido del escrito para manifestar y decidir, por ejemplo, su absurdez y la necesidad de que posea consecuencias frente a las acusaciones populares por ser un clásico y burdo ejemplo de mala fe procesal».

«Fruto de la estrategia de la acusación popular de presentar un escrito una hora antes de las declaraciones, ni las partes ni la Magistrada han podido pronunciarse sobre dicho escrito el autor de la noticia -el periodista Fernando Peinado- es perfectamente conocedor de lo anterior», continúa el abogado del novio de Ayuso.

Dado que la información es «incompatible con la verdad», el abogado solicita su rectificación, eliminando en el titular, la cabecera y el cuerpo del artículo «cualquier referencia a que la magistrada haya aceptado estudiar o indagar sobre ningún delito nuevo, lo que no ha sucedido».

Aplazamiento de la declaración

La acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid solicitó a la jueza Iglesias un aplazamiento de la declaración de Alberto González Amador prevista para este lunes por un presunto fraude fiscal con la finalidad de que investigue supuestos nuevos delitos apenas una hora antes de la declaración de los acusados.

En un escrito del PSOE se reclama la práctica de diligencias a la vista del informe emitido por la jefa del Equipo de Inspección de la Agencia Tributaria en la Delegación Especial de Madrid, firmado el 22 de diciembre de 2023, obrante en el procedimiento.

Así como conforme al preliminar análisis de parte de la documental obrante en el mencionado informe de la Agencia Tributaria con aproximadamente 1.500 archivos, entregado a esta parte el pasado 12 de junio, lo que, a juicio de esta parte, ha hecho «imposible el análisis completo de la documental contenida en el mismo».

La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.