Los trabajadores de Hacienda piden tras el caso Zapatero que los regalos a políticos no superen los 150 euros

• Alba Martín @alba_mrtn
• • 17/06/2026 17:54
  • Actualizado: 17/06/2026 17:55

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han pedido fijar legalmente en 150 euros el valor máximo de los regalos que pueden aceptar los cargos públicos, después de conocer el valor de las joyas halladas en poder del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los trabajadores de la Agencia Tributaria han asegurado que el caso Zapatero «vuelve a poner de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas aplicables a los representantes públicos».

En este marco, los técnicos lamentan que la actual Ley de Transparencia y Buen Gobierno continúe recogiendo conceptos jurídicos indeterminados como los «usos habituales, sociales y de cortesía» que permiten aceptar regalos, ya que la interpretación puede variar en función del contexto en el que se produzca la entrega del obsequio.

GESTHA sostiene que un regalo habitual o protocolario en un determinado país puede tener un valor económico muy elevado según los estándares españoles y que esta indeterminación dificulta la aplicación homogénea de la norma, genera inseguridad jurídica y puede afectar a la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Por ello, considera necesario promover una reforma que permita objetivar los criterios y umbrales cuantitativos aplicables a la aceptación de regalos por parte de cargos públicos y altos responsables institucionales, autoridades y empleados públicos, inspirándose en el Código de Conducta de las Cortes Generales que prohíbe aceptar obsequios, regalos, favores, invitaciones o viajes por valor superior a 150 euros.

Igualmente, proponen que el conocimiento de los regalos sea de acceso público en la web de cada institución estatal, autonómica y local, con indicación de la fecha, valor estimado, persona o entidad que regala y destino personal o al patrimonio de la administración pública de que se trate.

Señalan «opacidad»

No es la primera vez que los técnicos reclaman un impulso definitivo a las reformas legales necesarias para garantizar que las decisiones públicas respondan exclusivamente al interés general.

En este sentido, piensan que el principal problema no reside únicamente en la existencia de actividades de representación de intereses mediante lobby -que, señalan, «deberían estar reguladas por ley y que deberían estar prohibidas para quienes han sido altos cargos, altos funcionarios y para quienes han ejercido puestos de representación públicas»-, sino en la opacidad que rodea determinadas relaciones de los responsables públicos.

Entre las medidas para regular la transparencia y la integridad de las actividades de los grupos de interés en España, GESTHA viene proponiendo ampliar el régimen de responsabilidad de los gestores públicos para establecer unas obligaciones equivalentes de transparencia, así como fortalecer los órganos de control y supervisión, tanto externos como internos (Tribunal de Cuentas y Cámaras de Cuentas de las CCAA, así como la Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control interno de CCAA y Entidades locales).