Todos contra Sánchez: gasolineras, industria, eléctricas y hostelería cargan contra las medidas del Gobierno
Más asociaciones de gasolineras avisan de que cerrarán por las medidas del Gobierno
El Gobierno admite en privado que sus medidas sólo reducirán un punto el IPC
El Gobierno cuela en el BOE un alza de los costes a las gasolineras que anula la rebaja de los carburantes
Las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al alza de los precios no convencen a los empresarios. Las gasolineras, las eléctricas, los hosteleros, la automoción y la industria electrointensiva han mostrado su desacuerdo con el plan de choque del Ejecutivo para hacer frente al impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Un plan que llega tarde y que es insuficiente para amortiguar el golpe económico del conflicto bélico.
Un plan que lejos de ayudar perjudica a algunos sectores como es el caso de las gasolineras. Varias asociación de estaciones de servicio han advertido del posible cierre de algunas gasolineras ante la falta de liquidez para adelantar la bonificación extraordinaria y temporal de 20 céntimos por litro del precio final de los combustibles.
El sector de las estaciones de servicio está formado por empresas de muy distinta magnitud económica, desde grandes empresas a pymes o micro-pymes que están padeciendo una situación económica delicada desde la pandemia, donde fueron consideradas como servicios esenciales y estuvieron abiertas pese a las restricciones de movilidad, «lo que les supuso unas cuantiosas pérdidas de las que aún no han podido recuperarse totalmente». Unas pérdidas que podrían dispararse ahora con las medidas del Gobierno.
«Lamentamos profundamente esta situación que nos obliga a cerrar y que se podría haber evitado tomando estas medidas con el tiempo necesario para su correcta planificación y habiendo tenido una reunión con el sector de las estaciones de servicio para hacerles partícipes de la realidad existente», concluye el sector. Y eso que el Gobierno se dio 15 días de margen para poner en marcha las medidas y reunirse con patronales, sindicatos y partidos políticos.
Golpe al transporte y automoción
La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) también ha lamentado la exclusión del transporte público de las ayudas de 450 millones de euros que el Gobierno acordó con los transportistas la semana pasada y que suponían hasta 950 euros por cada autobús. Según la norma publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), serán beneficiarios de las ayudas directas los trabajadores autónomos y sociedades con personalidad jurídica propia legalmente constituidas, que no formen parte del sector público.
Por su parte, el sector de la automoción ha criticado que la prohibición de los despidos objetivos a determinadas empresas demuestra un «gran desconocimiento de la realidad empresarial». «La prohibición de despedir hará que muchas empresas, particularmente las pymes, eviten llevar a cabo nuevas contrataciones, frenando el dinamismo que el mercado laboral necesita», han explicado
El Plan Nacional de Respuesta a la Guerra aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros prohíbe los despidos objetivos en las empresas que recurran a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para sortear la crisis y también para los que tengan causa en el incremento de los precios de la energía.
Nueva intervención a las eléctricas
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc) acoge de forma muy crítica otras medidas que suponen una nueva intervención y no solucionan la verdadera raíz del problema, que son los precios del gas.
En particular, aelēc considera que el establecimiento para las tecnologías no emisoras de un límite al precio de venta al cliente final, supone, de facto, tratar de establecer un precio regulado para la energía producida con dichas tecnologías, lo que provoca una verdadera distorsión para la actividad de comercialización minorista. El precio intervenido es una discriminación en relación a los precios del resto de la Unión Europea (UE) y representa un paso atrás en la liberalización, contrario a lo que dicta la normativa europea.
Deja fuera a la hostelería
Por su parte, Hostelería España manifiesta su rechazo a la
decisión del Consejo de Ministros de dejar fuera a la hostelería de los sectores que podrán optar a una ampliación de los créditos ICO, al encontrarse entre los sectores más afectados por la situación actual.
«La hostelería, que lleva sufriendo las consecuencias de la pandemia durante estos dos años, y que ha denunciado en muchas ocasiones la falta de ayudas directas, trabas burocráticas, e incluso la devolución de los fondos europeos no repartidos por las comunidades autónomas, muestra su incomprensión ante esta decisión en el contexto actual», critican.
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