La sentencia de Bankia y el tribunal de Luxemburgo condicionarán el devenir del ‘caso Popular’

La instrucción del ‘caso Popular’ en la Audiencia Nacional avanza de forma lenta con la vista puesta en otros acontecimientos judiciales que van a influir en su devenir. El juez José Luis Calama ha dejado para el año que viene las declaraciones de cuatro personas que fueron testigos de primera mano de la caída del banco del Opus Dei: Luis de Guindos (exministro de Economía), Luis Linde (exgobernador del Banco de España), Elvira Rodríguez y Sebastián Albella (anterior y actual presidentes de la CNMV).

Algunas acusaciones interpretan estas nuevas declaraciones que se han fijado para marzo como la intención del instructor de conocer que hubo detrás de los últimos días del banco. ¿Conocía Guindos la resolución que se iba a plantear? ¿Por qué las administraciones públicas retiraron su dinero del Popular días antes de su caída definitiva?

Antes de que estas preguntas se resuelvan, si es que lo hacen, en el camino de este proceso penal se van a encontrar otros acontecimientos judiciales que influirán en su investigación. El primero es la sentencia que la Audiencia Nacional ultima sobre la salida a bolsa de Bankia en 2011. Un caso con algunas similitudes y muchas diferencias con el de Popular, cuya sentencia podría caer antes de final del año, según fuentes jurídicas consultadas. Rodrigo Rato, José Luis Olivas y otros directivos aguardan el veredicto del tribunal especial sobre si actuaron con voluntad de estafar y realizaron falsedad contable.

Diferencia: la viabilidad

Tanto en Bankia como en Popular las valoraciones inmobiliarias supuestamente trastocaron la contabilidad de las entidades -según la acusación, en Popular desde 2011 había errores contables-. Sin embargo, las opiniones de los peritos del Banco de España marcan una diferencia. En el caso de Bankia certificaron que las provisiones no reflejaban la imagen fiel de la entidad y por tanto las cuentas habían sido manipuladas u ocultadas. Sin embargo, en el caso del ‘banco del Opus Dei’ los peritos del regulador consideraron que «no puede decirse que el Popular fuese inviable pues a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones».

Aunque los peritos sean llamados a declarar en la instrucción de Popular, difícilmente enmendarán un informe pericial para el que estuvieron trabajando cerca de un año.

Estos peritajes establecen según fuentes jurídicas una diferencia considerable entre ambos casos. Bankia estaría quebrada mientras que Popular no, y aún así los accionistas del ‘Popu’ lo perdieron todo. La sentencia de Bankia y su argumentación será por tanto muy importante en el caso que aún se está instruyendo.

Resolución europea

Fuera del ámbito penal, el caso administrativo que enfrenta a miles de accionistas y bonistas con la JUR también es de vital importancia.  El tribunal de Luxemburgo ha seleccionado seis casos clasificados de afectados por Popular y sobre ellos va a juzgar, aplicando lo que se decida en estos seis a todos los afectados.

Actualmente en instrucción, se está próximo a la presentación del escrito de conclusiones y tras una posible vista en Luxemburgo caerá la sentencia quizás durante el año que viene. Las opciones son que el tribunal dictamine o no una indemnización para los supuestos perjudicados por haber perdido el valor de sus acciones con la resolución. Básicamente la justicia europea tiene que establecer si la forma en que se resolvió el banco y se adjudicó por un euro a Banco Santander se ajustó a derecho o no.

Esta decisión podría venir también durante 2020 y según fuentes jurídicas también condicionará el caso penal de Banco Popular. Si la justicia dictamina en contra de la decisión de la JUR con conocimiento del BCE, el andamiaje entero de las resoluciones bancarias -estrenadas, por cierto, con Banco Popular a gran escala- se podría venir abajo, dando así la razón a miles de accionistas que desde el primer momento han seguido la tesis de que su caso no fue una resolución sino una expropiación.