Sánchez firmó una ley que obliga al próximo Gobierno a recortar pensiones o subir impuestos si incumple la regla de gasto

A nadie ha sorprendido que Pedro Sánchez haya dedicado buena parte de lo que lleva de precampaña electoral a hablar de pensiones o, más bien, a azuzar el espantajo del supuesto tijeretazo que estarían tramando las derechas si llegan al Gobierno; y esto, mientras insiste —en contra de la opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)— en que la sostenibilidad del sistema está «garantizada».

Pero, por poco sorprendente que sea la elección de argumentario que ha hecho Moncloa para asustar a las personas mayores, no deja de ser paradójica, y no solo porque durante la era Sánchez el pasivo de la Seguridad Social haya aumentado en más de 100.000 millones de euros (en 2018 no llegaba a 35.000 millones) o porque las transferencias que el Estado tiene que hacer cada año para asegurar el pago de las nóminas superen ya el déficit conjunto de todas las Administraciones públicas.

Lo verdaderamente paradójico de que el Gobierno acuse a la oposición de querer recortar o incluso congelar las pensiones es que, si un futuro Ejecutivo se ve obligado a hacer tal cosa, será por culpa de una ley que fue aprobada por el actual inquilino de la Moncloa para asegurarse la llegada de miles de millones en fondos europeos.

Poco se está hablando de ello durante estos días de polémica encendida, pero lo cierto es que la reforma acometida en 2023 por el entonces ministro del ramo, José Luis Escrivá, introdujo en la legislación española una cláusula de salvaguardia que se activará inmediatamente en caso de que el déficit de la Seguridad Social incumpla la regla de gasto, obligando al Gobierno que en ese momento esté en el poder a incrementar los ingresos, a reducir el dispendio o a hacer las dos cosas a la vez.

El procedimiento que ideó Escrivá empieza por la Airef. Si en uno de sus informes anuales el organismo descubriera que el déficit se desboca por encima de lo pactado con Europa, en el plazo de un mes el Gobierno tendría que solicitarle otro estudio con recomendaciones para corregir el desajuste. A esto seguiría una negociación con patronal y sindicatos y el envío de una propuesta a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.

Concluida la negociación, y tras otra consulta a la Airef en caso de que Moncloa quisiera adoptar posibles medidas adicionales que el organismo no hubiera evaluado en primera ronda, la reforma pasaría al Parlamento para su entrada en vigor en septiembre del año siguiente.

De hecho, la ley es bastante expeditiva, pues también establece que, si el Ejecutivo en cuestión no consiguiera una mayoría parlamentaria suficiente para resolver el entuerto —o si, simplemente, no tomara ninguna medida para corregir el déficit—, se vería obligado a subir los impuestos.

Concretamente, la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aumentaría para compensar dos décimas partes del exceso de gasto y así sucesivamente por un período de cinco años; es decir, que si el dispendio se descontrola, los españoles lo pagarán muy caro vía incrementos del MEI, que hay que recordar que no cuenta para el cálculo de la pensión futura del trabajador y, por tanto, es un tributo.

Como ya se ha avanzado, esta norma fue introducida en la legislación de nuestro país en 2023; concretamente, como una disposición adicional del Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo, que fue la secuela de la ya célebre reforma de las pensiones de 2021. Esa primera ley, aprobada hace ahora cinco años, es la clave de este asunto, ya que eliminó el mecanismo de revalorización de las nóminas ideado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que contaba con una fórmula correctora que condicionaba los incrementos de las cuantías a la salud financiera del sistema, y reintrodujo las revalorizaciones automáticas con el IPC.

El caso es que apenas dos años después el ministro Escrivá desplegó la segunda parte de la ley de 2021 con la entrada en vigor del MEI y la llamada cuota de solidaridad, el destope de las bases y la ya citada cláusula de salvaguardia. Se trataba de un paquete de reformas destinado a asegurar la robustez del sistema y uno de muy necesario, ya que Bruselas había condicionado la recepción de los fondos del Plan de Recuperación a la entrada en vigor del mismo; finalmente, el Ejecutivo comunitario dio su beneplácito al plan de Escrivá, y gracias a esto nuestro país recibió los 10.000 millones de euros del cuarto desembolso de los fondos Next.

Sin embargo, ahí ha quedado esa cláusula, como una espada de Damocles que, si en algún momento cae, no será encima de Pedro Sánchez. Para que un gobierno se vea obligado a actuar, tiene que incumplirse la regla de gasto, cosa que podría suceder en el futuro, ya que el sistema pasó el último examen con un aprobado con matices.

Concretamente, en mayo de este año, el organismo presidido por Inés Olóndriz elevó hasta el 1,6% del PIB el impacto de las medidas de ingresos que se introdujeron en 2023 para fortalecer las cuentas y situó el gasto en un promedio del 14,6% del PIB para el periodo 2022-2050, unas cifras que están —por poco— dentro de los márgenes de la regla fiscal. Sin embargo, y esto es lo importante, la Airef también advirtió de que la sostenibilidad del sistema «no está garantizada», cosa que es compatible con cumplir la regla porque esta está desfasada; según el órgano supervisor, porque no calcula con la suficiente precisión el lastre que supone el dispendio en pensiones para la deuda total del Estado.

Con todo, se dibuja un escenario en el que el próximo inquilino de la Moncloa podría verse obligado a recortar las nóminas a los jubilados o a subir los impuestos a los trabajadores, lo quiera o no lo quiera.