Una pyme de 10 empleados que incumpla el registro horario de Díaz pasará de pagar 10.000 a 100.000 €
El texto debe ser aprobado por el Congreso, algo que está en el aire por la negativa de Junts, PP y Vox
Las sanciones a las empresas que incumplan las condiciones del registro horario incluidas en el texto del acuerdo firmado este viernes por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se multiplican. Según el pacto, que tiene que ser aprobado todavía por los grupos parlamentarios en las Cortes, algo que no está del todo asegurado por la negativa de Junts a apoyarlo, una pequeña empresa que tenga 10 empleados e incumpla la norma pasará de pagar una sanción de 10.000 a 100.000 euros.
Así lo refleja el texto con las modificaciones legales que han firmado Yolanda Díaz y los sindicatos. Una de ellas se refiere a los cambios en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Se modifica el apartado 5 del artículo 7 de esa ley para añadir el siguiente párrafo: «En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro o el falseamiento de los datos registrados».
Es decir, que a partir de la entrada en vigor de esta norma, las sanciones pasarán a ser individualizadas por cada trabajador, no como antes que era una sanción única para la empresa que infringía la norma. «Era muy barato», señaló el viernes Yolanda Díaz durante la firma del texto con UGT y CCOO.
Esto quiere decir que en la práctica, una pyme que tenga cinco empleados e incumpla las normas del registro horario pasará de pagar 10.000 euros si se considera grave a tener que abonar ahora 50.000 euros. Si la pyme tiene 10 empleados, la sanción pasa de 10.000 euros a 100.000 euros.
Las normas del registro horario serán más complicadas. Las empresas tendrán que habilitar un registro horario de los trabajadores totalmente digital, y tendrá que permitir que empleados, representantes legales e Inspección de Trabajo tengan acceso al mismo en el centro de trabajo. Además, la empresa tiene que permitir que la Inspección de Trabajo y los comités de empresa puedan acceder en tiempo real y de forma remota al registro horario para conocer las horas que está haciendo el empleado.
Según el acuerdo firmado por Trabajo y sindicatos, las empresas deben habilitar un sistema que permita al empleado rellenar el registro horario personalmente. Las empresas deberán guardar estos datos durante cuatro años.
Las sanciones para las empresas que incumplan con la reducción de jornada y superen las 37,5 horas semanales también se incrementan de la misma forma, al pasar a sancionarse por trabajador y no por empresa.
El incremento de las sanciones es un golpe más para las empresas, que se une al hecho de que tendrán que contratar a más trabajadores para cubrir los horarios que quedan vacantes. Las patronales defienden que no todas las compañías podrán afrontar este gasto, principalmente las pequeñas empresas.
Cepyme, patronal de estas empresas, ha advertido en una nota que el coste de introducir esta medida en el mercado laboral es de 11.800 millones de euros. «Constituye una nueva subida de los costes laborales que se suma a las del SMI y las cotizaciones sociales», señala Cepyme. En efecto, el salario mínimo ha subido un 45% desde que gobierna Pedro Sánchez y Díaz ya ha asegurado que subirá un mínimo del 2,8% en 2025.
Las cotizaciones sociales también volverán a subir el próximo año por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), sistema aprobado por el Gobierno para elevar los ingresos para afrontar el pago de las pensiones del baby boom. En 2025 el incremento pasará del 0,7% al 0,8% y la mayor parte -0,67%- la pagará el empresario.
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