E.ON exige la ejecución de la sentencia que obliga a España a abonar 312 millones por los impagos a las renovables

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 07/11/2026 05:45
  • Actualizado: 07/11/2026 05:45

La compañía eléctrica alemana E.ON ha registrado en un juzgado de Estados Unidos un escrito en el que pide la ejecución de la sentencia que obliga a España a abonar 312 millones de euros antes de intereses por los impagos a las renovables de Teresa Ribera y Pedro Sánchez. E.ON alega que España no ha pagado ni un euro pese a tener la sentencia en contra y exige que se ejecute para poder cobrar la indemnización marcada por los tribunales de arbitraje.

La denuncia original la interpusieron en 2015 tres filiales de E.ON contra España en el tribunal de arbitraje del CIADI, adscrito al Banco Mundial, en el que reclamaba a España más de 300 millones de euros de indemnización por los recortes unilaterales a las primas a las renovables.

Este tribunal determinó en 2024 que España debía pagar 312 millones de euros a la alemana E.ON, superando la tradicional estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez de tratar de anular el proceso y recusar a los árbitros.

Pero, pese a la sentencia en contra, El Ejecutivo adoptó la estrategia de no pagar los laudos arbitrales alegando que la Unión Europea se lo prohibía al considerarlos ayudas de Estado, vetadas en el derecho de la UE.

Pero los juzgados de Estados Unidos y de otros países como Reino Unido ya han sentenciado que España tiene que pagar esos laudos, rechazando todos los argumentos utilizados por el Gobierno para evitar pagar estas indemnizaciones, como la inmunidad soberana.

Los fondos acreedores de España por los impagos a las renovables calculan que la deuda total del Gobierno supera los 2.000 millones de euros, a lo que hay que añadir intereses y gastos de defensa. Sólo en Estados Unidos, hay sentencias en contra de España por casi 1.000 millones de euros, y aún hay procesos pendientes.

El origen de este conflicto data de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en energías renovables del 25%. Cuando llegó la crisis, el Ejecutivo decidió unilateralmente en 2010 rebajar las primas a las inversiones fotovoltaicas, lo que originó ya el primer arbitraje contra España.

Cuando llegó al poder en 2012 Mariano Rajoy, y para hacer frente a la crisis económica que heredó, decidió también unilateralmente rebajar las primas a todas las inversiones en renovables, momento que decenas de fondos inversores acudieron en masa al CIADI para reclamar indemnizaciones.

El tribunal de arbitraje del Banco Mundial ha ido dando la razón en su mayor parte a los fondos acreedores, obligando a España a pagar indemnizaciones. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez y Teresa Ribera decidió entonces seguir la estrategia judicial de no pagar esos laudos alegando leyes europeas.

Los fondos acreedores acudieron entonces en masa a los tribunales ordinarios de países como Estados Unidos y Reino Unido, que han dado la razón a los fondos, abriendo la puerta a que fuercen embargos de bienes españoles en esos países.

De momento, los fondos han iniciado el proceso para identificar esos bienes españoles en Estados Unidos y otros países como Reino Unido o Australia, mientras siguen extendiendo la mano al Ejecutivo para alcanzar algún tipo de acuerdo que ponga fin a este litigio.