Naturgy cae un 3,8% en Bolsa ante la posibilidad de que el Gobierno vete la Opa de IFM

Las acciones de Naturgy han retrocedido cerca de cuatro puntos porcentuales al cierre de la sesión de este martes ante las dudas del Gobierno de aprobar la oferta de 5.000 millones de euros del fondo IFM para hacerse con hasta un 22,69% del capital de la energética. Así, el ejecutivo esta sopesando bloquear la compra de una participación tan significativa por parte del administrador australiano al considerar la empresa de servicios energéticos un activo estratégico.

En concreto, las acciones de la compañía presidida por Francisco Reynés han vivido momentos de gran volatilidad a lo largo de la jornada, llegando a retroceder hasta un 6%, para cerrar a un precio de 20,35 euros, con una caída del 3,83%. De esta manera, Naturgy se aleja de la cota de los 23 euros por acción que ofrece IFM, precio que no ha llegado a tocar todavía desde que se anunció la oferta y que implica un importe máximo a pagar por el fondo de pensiones australiano de 5.060 millones de euros por ese 22,69% del capital del grupo energético español.

La caída en Bolsa de Naturgy se ha desatado, principalmente, por una información de la agencia Bloomberg, en la que aseguraba que el Gobierno se inclinaba por vetar la operación. La normativa que se aprobó en plena crisis del coronavirus para blindar a empresas de sectores estratégicos frente a inversores que no sean españoles da al Ejecutivo la última palabra en las operaciones que suponga hacerse con más de un 10% en el capital de esas compañías.

Los títulos de Naturgy se han desinflado casi un 4% en Bolsa ante las posibles dudas del Gobierno a dar luz verde a la oferta de IFM

En concreto, IFM deberá dirigirse al Gobierno, a través del Ministerio de Industria, para solicitar el visto bueno del Consejo de Ministros a su desembarco en el capital de la energética. El Ejecutivo cuenta con hasta seis meses para tomar una decisión, aunque es previsible que este tiempo se acorte, ya que es un paso preceptivo antes de que la CNMV autorice la OPA.

El pasado viernes, el gestor de fondos global australiano IFM presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud de autorización, incluido el folleto, de su oferta pública voluntaria y parcial para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de Naturgy. La efectividad de la oferta estará sujeta a recibir las correspondientes autorizaciones regulatorias y de competencia, así como a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de, al menos, 164.834.347 acciones, equivalentes al 17% del capital social de la energética.

Con la presentación de la solicitud de autorización de la oferta por IFM comienza así a correr el reloj de los plazos. Ahora, la CNMV dispone de un periodo de 20 días hábiles para aprobar la oferta. No obstante, este plazo se podrá alargar en el tiempo, ya que se reiniciará cada vez que el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura solicite información adicional.

División en el Gobierno

Tras la presentación ante la CNMV de la OPA este viernes, los plazos empiezan a correr y el Gobierno tiene entre 4 y 6 meses para aprobarla -por ser una empresa estratégica y en virtud del real decreto aprobado el año pasado para frenar la entrada de extranjeros en empresas de sectores claves del país-, antes de que lo haga la CNMV.

El Gobierno está dividido. Félix Bolaños, secretario general de Presidencia y hombre de confianza del presidente, Pedro Sánchez, es partidario de dar luz verde a la operación con una simple línea roja para los fondos: que mantengan la sede en España. La tesis de Bolaños la defiende también la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. El argumento es sencillo: no se pueden poner puertas al campo y vetar una operación de mercado de este calibre.

En el otro lado está Iván Redondo, jefe de Gabinete de Sánchez, que valora sobre todo el problema político que se le viene encima al Ejecutivo si permite que la primera empresa gasista y tercera eléctrica, única con Iberdrola con algo de capital español, caiga en manos de los fondos. Con él se sitúan la ministra de Industria, Reyes Maroto, la de Hacienda, María Jesús Montero, y la parte de Podemos del Gobierno.