Madrid marca distancia con Barcelona en la huelga del taxi: estas son las diferencias

El fin de semana no ha traído la calma al sector del taxi. Pese a que los taxistas han dado un toque festivo a sus movilizaciones, organizando una gran paella en las inmediaciones de Fitur para estar con sus familiares, este domingo vuelven a reforzar la presión al trasladar la protesta al Paseo de la Castellana, una de las arterias claves para los desplazamientos en coche en Madrid. Sin embargo, la Comunidad de Madrid dice mantenerse firme y aunque está dispuesta a negociar no parece que esté dispuesta a ceder en todas sus reivindicaciones. De hecho, el equipo de Ángel Garrido ha afirmado tajante que no cederá a sus «chantajes».

Todo ello ocurre a la espera de que este martes, Cataluña ponga en marcha una nueva regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) que supondrá el cierre de operaciones de las empresas que están integradas en las plataformas de Uber y Cabify, según han asegurado los propietarios de estas compañías que dan empleo directo a 4.000 conductores.

En este contexto, los taxistas no pierden la esperanza de arrancar algo más a la Comunidad de Madrid, que ya alcanzó el pasado viernes un pacto con el Ayuntamiento de Madrid que no convence al gremio..

Según los taxistas, esa regulación madrileña, que planteaba los límites a la precontratación de VTC, en términos de espacio, y no de tiempo como en Cataluña, no es suficiente.

De acuerdo con el borrador, el usuario de un VTC debía encontrarse a una distancia mínima de 300 metros, lo que, a juicio de los taxistas, es «una anécdota o una burla».

Temor a que pague el ciudadano 

El PP ya ha mostrado sus cartas en este asunto y aboga por liberalizar más el servicio del transporte en lugar de imponer una regulación más estricta, como reclaman los taxistas. Además, el presidente regional, Ángel Garrido, ya avisó de que no estaba dispuesto a asumir una regulación de tiempos mínimos ante el temor de que posteriores recursos judiciales conlleven el pago de indemnizaciones millonarias por parte de las administraciones.

Un extremo que ya va a ocurrir en Cataluña, donde los VTC preparan una batería de reclamaciones para exigir a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona indemnizaciones por el cierre de operaciones en la ciudad ante un cambio normativo.

En el caso catalán, se ha optado por imponer una limitación en el tiempo de precontratación sobre el que las autoridades de Competencia ya han expresado su rechazo.

Madrid quiere mantener distancias con esa forma de legislar y quiere buscar otro tipo de acuerdo. «Las decisiones no se pueden tomar porque se hagan chantajes o porque alguien pretenda influir de manera negativa, hay que tomarlas desde la responsabilidad», afirmó el pasado viernes la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo. Además, la consejera del PP advirtió a los taxistas de que la Comunidad de Madrid no puede mirar «al pasado» y tiene que hacer compatible el sector del taxi con las plataformas de VTC.

Sin embargo, los taxistas no quieren dar su brazo a torcer. Consideran que con la normativa que Madrid tiene sobre la mesa lo que va a ocurrir es que «se va a dar cobertura legal a aquello que los VTC hacen ahora de manera desregulada».