Iván Redondo urdió el plan de Fomento de trasladar la ‘bomba de relojería’ del taxi a las CCAA

El Ministerio de Fomento ha confirmado esta semana que traspasará a las Comunidades Autónomas las competencias para las licencias VTC. La decisión, que ha puesto en pie de guerra al sector que agrupa a Uber o Cabify, supone trasladar un enorme problema de difícil solución a los gobiernos regionales justo antes de las elecciones autonómicas de 2019.

El ideólogo de esta medida ha sido Iván Redondo, el jefe de Gabinete del presidente del Gobierno que urdió la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez a La Moncloa, según cuentan a OKDIARIO fuentes de las negociaciones. Su objetivo no era otro que quitar al Gobierno un foco de desgaste y traspasárselo a sus rivales políticos de dentro y fuera del partido.

Sin embargo, la beligerancia con la que el sector de las VTC ha acogido la medida amenaza con enturbiar este plan diseñado por Redondo para que el sector del taxi traslade a las comunidades autónomas las movilizaciones  que hasta ahora se habían dirigido contra el Gobierno central.

De hecho, los Ejecutivos de las distintas autonomías ya dejaron claro el pasado agosto que no estaban dispuestos a aceptar ese traspaso de competencias. Algo insólito en la política española, dominada por el afán autonómico de engordar cada vez más las competencias.

La doctrina de partido ha hecho que la Comunidad Valenciana, que en un primer momento criticó este movimiento, acepte la medida. Por su parte, en Andalucía, Susana Díaz se muestra reticente a asumir esa competencia, aunque se da por hecho finalmente aceptará. También las nacionalistas Cataluña y País Vasco han dicho ‘sí’ al plan presentado por Ábalos, pero elaborado en La Moncloa, y asumirán las competencias de la concesión de licencias VTC.

Por su parte, las comunidades autónomas gobernadas por el PP se oponen a asumir esa cesión de competencias. Una decisión que los taxistas ya avanzaron en agosto que penalizarían con fuertes movilizaciones en lugares como la Puerta del Sol de Madrid, sede del Gobierno regional.

El objetivo del gremio del taxi con este traspaso de competencias es que Ayuntamientos, como el de Barcelona, pasen a ser responsables de las licencias VTC. El argumento es que los municipios son los que gestionan el transporte urbano. Pero, el tema de fondo es que Podemos y sus confluencias han encontrado en el gremio del taxi un posible caladero de votos y un factor de desgaste para el poder central. De hecho, el origen de las movilizaciones de agosto fue una normativa impulsada por Ada Colau para poner coto a las licencias de VTC.

Se estima que en España hay  unas 69.000 licencias de taxi, frente 15.000 de VTC, de las que estarían operativas unas 8.000 licencias. Las empresas e inversores agrupados en Unauto, la patronal de este sector, han encargado diversos informes a consultoras y auditoras que han sido avanzados por este diario. En ellos se estima que los daños patrimoniales que las VTC podrían pedir al Estado alcanzarían los 3.000 millones de euros y supondrían un coste en términos de empleo de 70.000 puestos de trabajo. 

Pase lo que pase con la cesión de competencias, el ‘otoño caliente’ en la movilidad urbana parece garantizado, pese al plan de Redondo para apagar un incendio social que se suma a otras protestas, como la de los pensionistas.