La intervención en comercio, vivienda y los impuestos alejan a Cataluña de Madrid en libertad económica

La intensa intervención en el sector del comercio, en la vivienda, así como los altos impuestos alejan considerablemente a Cataluña de Madrid en el índice de libertad económica en España. Madrid figura en primera posición en este ránking en la última edición, relativa a 2022, y continúa en este puesto desde que el estudio empezó a elaborarse en 2011, mientras Cataluña se sitúa en la séptima posición, e incluso ha estado por debajo en anteriores entregas del estudio.

El índice de Libertad Económica en España es una iniciativa de la Fundación Civismo, que promueve actos e  investigaciones de todo tipo en favor de la sociedad civil, en defensa de la iniciativa individual y en contra de que el Estado se inmiscuya en la actividad de las personas y de las empresas. Su presidente es Julio Pomés y la investigación ha sido dirigida por el catedrático de Economía Aplicada Francisco Cabrillo.

Una de las principales circunstancias que castiga a Cataluña es la fuerte presencia de la Administración en la regulación del comercio, que se debe a la restricciones que aplica la Generalitat en lo que se refiere a los horarios y al libre establecimiento, tanto de las grandes superficies como de los negocios de tamaño mediano. Las numerosas trabas al ejercicio del comercio son las mayores del conjunto de las diecisiete comunidades autónomas españolas de manera permanente, con las interferencias que esto causa en los hábitos de los consumidores.

Otro tanto sucede en lo que se refiere a todo lo relacionado con el medioambiente, donde la región catalana obtiene igualmente la peor posición entre todas las autonomías, debido a la cantidad de normas -muy superior a la media- que regula este aspecto y que tiene consecuencias evidentes sobre la movilidad del transporte dentro de las ciudades, la densidad inmobiliaria o la construcción de redes de comunicación -el mejor ejemplo es la oposición política a la ampliación del aeropuerto de El Prat por cuestiones relacionadas con la ecología y la preservación del actual hábitat que rodea la infraestructura-. Lo mismo ocurre con la vivienda, porque la presencia pública en este aspecto es muy notable -de las más altas del conjunto de las autonomías-, dado el mayor ratio de viviendas de protección oficial en relación a la población, así como las regulaciones que complican el desarrollo de los pisos turísticos o impiden nuevas equipaciones hoteleras.

Los altos impuestos es una circunstancia clave que frena el progreso de Cataluña en libertad económica en el conjunto de España, y ha empeorado en la última edición del índice respecto a las anteriores. La causa son los altos tipos efectivos -los que se pagan en términos netos en relación con la renta real- en las distintas figuras tributarias sobre los que la Administración catalana tiene capacidad normativa, y que por ejemplo en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas han sido elevados ininterrumpidamente hasta alcanzar uno de los tipos marginales más altos de España, del 50% en concreto, y por tanto un régimen fiscal más desfavorable que el de la media de las comunidades.

La Comunidad de Madrid sigue a la cabeza del Índice de Libertad Económica en España después de estar siete años al frente -desde 2015-. Esta posición privilegiada es debido a que registra la participación más baja del sector público en una región y a que en casi todos los parámetros analizados tiene valores muy bajos de presencia de alguna clase de intervención por parte del Gobierno. Esto es así en lo que se refiere al esfuerzo fiscal -la proporción de los impuestos que se pagan en relación con la renta per cápita-, el gasto público -que es uno de los más contenidos de las regiones españolas-, el empleo público -que es uno de los más discretos en volumen en relación con el resto de España- y la deuda pública -una de las más bajas del territorio nacional-. Extremadura es, de manera sistemática, la autonomía que está a la cola en todos los análisis realizados, el primero de los cuales data de 2011.

En el caso de Madrid, los resultados son igualmente muy positivos en lo que se refiere al sistema educativo y a la movilidad, mientras tropieza en cambio, sin llegar a los extremos de otras autonomías, en la Vivienda, el Medioambiente y la Sanidad, sectores en los que se observa una mayor presencia de la regulación normativa y en consecuencia mayores trabas administrativas para el desarrollo de la actividad. En cambio, en el sector del comercio la situación es muy positiva como consecuencia de la plena flexibilidad de horarios de los negocios y la facilidad para el establecimiento de grandes superficies y de negocios de tamaño medio. Madrid fue la primera comunidad en utilizar sus competencias para facilitar al máximo el desarrollo comercial y sectores paralelos como la hostelería y la restauración y puso un gran empeño en prestarles todo el apoyo posible durante la pandemia, una vez acabado el periodo del confinamiento.