Inspectores de Hacienda ven «imposible» aplicar el cupo catalán y piden la dimisión de Montero

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha señalado este miércoles que es «imposible» aplicar el cupo catalán. El acuerdo de financiación singular alcanzado entre el Ejecutivo central y la Generalitat es, según la asociación, un pacto que supone el principio de la «desaparición del Estado» si se extiende al resto de comunidades autónomas. Además, los inspectores han vuelto a exigir la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Así lo han manifestado en un informe presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), donde han abundado que también implicaría la «desaparición» de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que quedaría «troceada» y «repartida» entre todas las regiones.

Desde su perspectiva, se romperían algunos principios «básicos» de la Hacienda española, como que el sistema de información ha de ser único, que debe existir una caja única y que la gestión de las retenciones se ha de hacer de forma «integrada», han argumentado.

En concreto, la gestión del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) prevista para 2026 resultaría «imposible» porque, bajo su punto de vista, no es «realista», ya que no se podría conciliar la información de una base de datos nacional y otra catalana. Con ello, la «rapidez» a la hora de realizar las devoluciones en las declaraciones de la renta caería drásticamente.

Los posibles efectos del cupo catalán

«Resultaría imposible enviar a los contribuyentes los datos fiscales, puesto que la información estaría en dos bases de datos diferentes. También se verían afectados los cruces de información para detectar riesgos fiscales», han añadido los inspectores de hacienda.

Si bien han evitado dar cifras de lo que dejarían de ingresar las arcas públicas, han explicado que en base a los últimos datos disponibles, que se remontan a 2022, los impuestos catalanes suponen el 19,35% del total nacional. Ese año, el Estado recaudó 255.463 millones de euros, de los que 49.434 millones euros provenían de Cataluña.

La financiación singular a Cataluña tendría «consecuencias» en la lucha contra el fraude fiscal, también por la diseminación de los datos al separar la hacienda española y la catalana. «Una información fraccionada en dos bases de datos no puede producir los resultados actuales en la lucha contra el fraude», han destacado.