La gran incógnita de los Presupuestos Generales del Estado 2027: cómo gastar más sin disparar el déficit

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden ministerial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2027, con el que se abre camino la configuración de las cuentas públicas del próximo ejercicio.

El plan anunciado por el presidente del Gobierno busca actualizar el cuadro macroeconómico para poder llevar al Congreso unas cuentas «que nazcan del diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad compartida con el conjunto de las fuerzas parlamentarias».

De salir adelante serían los primeros de esta legislatura, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros el conocido como ‘techo de gasto’ y los objetivos de estabilidad y deuda.

Para 2026, en su intento de hacer unas cuentas públicas a las que finalmente ha renunciado para aprobar las de 2027, el Gobierno no logró el apoyo del Congreso a la senda de déficit 2026-2028, que fue tumbada dos veces.

En la actualidad, los Presupuestos vigentes son los de 2023, que se han venido prorrogando de forma automática año tras año ante la ausencia de un nuevo proyecto por diferentes coyunturas como el contexto internacional o las dificultades en el Parlamento para que salgan adelante.

Viabilidad de los objetivos

El titular de Hacienda ha avanzado que los Presupuestos de 2027 serán «profundamente sociales», con el objetivo de proteger a la mayoría social de este país.

España ha asegurado que se continuará reduciendo el déficit público, que se culminará la legislatura con la deuda por debajo del 100% del PIB, y que se reformará el sistema de financiación autonómica para cerrar un proceso de «justicia territorial».

El ministro anticipa unos presupuestos «más ambiciosos que nunca», con mayor gasto social, inversión en vivienda y refuerzo de servicios públicos. Si bien esa ambición conlleva unos riesgos económicos que parece no tener en cuenta.

El Gobierno afirma que seguirá reduciendo el déficit mientras aumenta considerablemente el gasto. Sin embargo, por norma general, si el gasto crece más rápido que los ingresos públicos, puede aumentar el déficit.

Además, para lograr ambas cosas podrían ser necesarias más subidas de impuestos sumado a un mayor crecimiento económico del esperado. Ahora bien, si el crecimiento se desacelera, los objetivos fiscales podrían incumplirse.

Lejos de ser un plan que busca “ayudar a la sociedad”, una mayor carga fiscal puede reducir la inversión privada si se percibe como excesiva y esto puede afectar a empresas, autónomos o contribuyentes.

Además, España sigue teniendo una deuda pública muy elevada (cercana al 100% del PIB), por lo que un incremento del gasto puede generar tensiones fiscales futuras.

Intervención en vivienda

En lo referente a vivienda, el Gobierno ha anunciado su “mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda» de la democracia. No obstante, si las políticas incluyen controles de precios o excesiva regulación, se podría llegar a reducir la oferta privada. 

Entre los riesgos de este planteamiento, está que la inversión pública no resuelva por sí sola los problemas estructurales relacionados con la disponibilidad de suelo, la concesión de licencias y los costes de construcción. Además, una mayor intervención pública podría incrementar la dependencia de subvenciones y ayudas estatales.