Gonzalo Bernardos, economista: «Deberíamos retrasar la edad de jubilación, ya que ha aumentado la esperanza de vida
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En 2026, la edad legal de jubilación en España se sitúa en los 65 años para aquellos trabajadores que tengan al menos 38 años y tres meses cotizados. Quienes no lleguen a ese periodo tendrán que esperar hasta los 66 años y diez meses para jubilarse. De cara a 2027, la edad ordinaria de jubilación pasará a ser de 67 años. Sin embargo, los trabajadores que hayan cotizado al menos 38 años y seis meses podrán seguir accediendo a la jubilación a los 65 años.
El sistema público de pensiones afronta importantes desafíos: en septiembre de 2026 España registró 10,54 millones de pensiones contributivas y un gasto mensual de 14.498 millones de euros. La pensión media de jubilación alcanzó los 1.576,10 euros, mientras que 817.342 prestaciones superaron los 3.000 euros mensuales.
¿Retrasar la edad de jubilación?
«Deberíamos retrasar la edad de jubilación, ya que ha aumentado la esperanza de vida y en la mayoría de los países europeos también se está haciendo», sostiene el economista Gonzalo Bernardos. Bajo su punto de vista, existen tres vías para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas: aumentar las cotizaciones sociales, retrasar la edad de jubilación o reducir las prestaciones. Sin embargo, descarta esta última opción y considera que subir las cotizaciones podría tener consecuencias negativas sobre los salarios. Por este motivo, apuesta por alargar la vida laboral como una de las principales medidas para mejorar la financiación del sistema público de pensiones.
Además, advierte de otros dos posibles escenarios que podrían perjudicar a los futuros jubilados. El primero consistiría en modificar el modelo actual para que la cuantía de cada pensión dependiera directamente de las cotizaciones acumuladas por cada trabajador durante su trayectoria profesional. «Esto es lo que hacen en Suecia y significa una bajada de las pensiones. En España, el jubilado promedio tiene 20,1 años de pensión, pero solo ha pagado como máximo por 12», explica.
El segundo peligro que señala Bernardos estaría relacionado con el destino de las cotizaciones sociales. En concreto, advierte de la posibilidad de que una parte del dinero que las empresas aportan a la Administración pública dejara de destinarse al sistema público y pasara a canalizarse a través de entidades financieras o gestoras de fondos de pensiones. «Las pensiones se pagan de las contribuciones que hacen los trabajadores. Esas contribuciones que se llaman cotizaciones sociales son salarios del trabajador que se le quita para luego cobrarlo cuando se jubila. El trabajador ve una gran bajada de lo que la empresa le paga a lo que cobra él porque cotiza muchísimo y, por eso, merece una buena pensión», aclara.
Otro factor relevante es la llegada a la edad de jubilación de la generación del «baby boom», de la que forman parte los nacidos entre 1958 y 1975. «El año en el que nacieron más españoles es en 1964, por lo que en 2029 habrá muchas jubilaciones. Entonces, ¿cuál es la solución? Que las personas cobren más y gracias a esto, se pueda financiar mejor las pensiones. Los salarios en España son bajísimos», defiende el economista.