El Gobierno rebaja la aportación de las ‘telecos’ a RTVE para que destinen los fondos al 5G

El Gobierno está contemplando la revisión a la baja de la tasa que aportan los operadores a Radio Televisión Española (RTVE). La Ley de Financiación de RTVE, que entró en vigor en 2009, establece una tasa a los canales privados en abierto del 3% de sus ingresos brutos; a los de pago, del 1,5%, y a empresas de telecomunicación, del 0,9%.

Esta decisión se ha tomado el mismo día en que el Tribunal Supremo ha avalado la existencia de tasas municipales para compañías de telefonía fija e Internet por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.

El Gobierno también busca reducir la carga fiscal de los operadores, que denuncian que es la mayor de Europa, mediante la reducción de las tasas anuales de reservas del espectro en las zonas reservadas para el 5G en 2022 y 2023, una medida que el Gobierno estima en el plan enviado a Bruselas que se traducirá en una merma para las arcas públicas de 90 millones de euros.

A cambio, según contempla el Plan de Recuperación, los operadores tendrán que invertir esas cantidades en despliegues en zonas donde no tengan obligación de despliegue de infraestructura.

Reducción de la carga fiscal de cara al 5G

El Gobierno reducirá las obligaciones mayoristas contempladas en el texto preliminar de las condiciones de la subasta de la banda de 700 MHz y reducirá la cargas fiscales de los operadores, entre otras medidas, para incentivar el despliegue del 5G.

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presentado este viernes la hoja de ruta del 5G a los principales operadores y asociaciones del sector en una reunión tras la cual también se ha señalado que el Gobierno está «ultimando» los precios de la subasta 5G.

El Gobierno ha decidido suprimir las obligaciones mayoristas en algunos bloques de frecuencias y ha precisado y ajustado los plazos del contenido de la obligación de cobertura impuestas a cada uno de los bloques.

Según las condiciones preliminares, en función del lote, los operadores debían cubrir en tres años el 100% de las poblaciones de 20.000 o 50.000 habitantes, mientras que el precio de salida de la subasta era de 1.170 millones de euros, considerado muy alto por las empresas.

Las propuestas del Gobierno han sido acogidas con satisfacción por DigitalEs, la patronal de las empresas de telecomunicaciones, que señalan que «ayudarán a acelerar la transformación digital de España», mientras que la asociación de operadores locales AOTEC ha rechazado que se supriman las obligaciones mayoristas.