El Gobierno presiona a la SEPI para avalar con informes positivos sus rescates tras el caso Plus Ultra

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 25/03/2021 04:48
  • Actualizado: 25/03/2021 04:48

El Gobierno tiene abierta en canal a la SEPI (sociedad Estatal de Participaciones Industriales) con la falta de presidente y con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La plantilla del hólding público está sometida a una enorme presión para dar informes positivos sobre los rescates ‘políticos’, que luego utilizan los asesores externos para elaborar los suyos y avalar con su nombre las operaciones. Además, se ha iniciado una caza de brujas para tratar de frenar las filtraciones a la prensa, según fuentes conocedoras de la situación.

Estas fuentes denuncian que los informes para los rescates ya concedidos -como el de Plus Ultra (53 millones) y el de Duro Felguera (120 millones)- y los que se están evaluando deben ser positivos por orden del Ejecutivo; hay que recordar que la SEPI depende de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

«La gente en la SEPI está muy asustada porque les están obligando a poner que todo está bien aunque en la mayoría de los casos no sea así. Porque no solo sirven para permitir operaciones que no deberían hacerse, sino que son la base para los informes de los asesores externos, que no van más allá de lo que dice la SEPI. Por eso ponen un montón de disclaimer en los que dejan claro que su opinión se basa únicamente en los datos que les ha ofrecido la SEPI», explica una de las fuentes.

En el caso de Plus Ultra, estos asesores fueron Deloitte y Daiwa; y en el de Duro Felguera, Mazars y Gómez-Acebo & Pombo. Ahora la cosa se complica todavía más, porque, ante la obligación de que los informes sean positivos, los propios empleados de la SEPI también ponen disclaimers diciendo que no han podido contrastar la información para curarse en salud ante posibles reclamaciones o incluso querellas: el PP ha pedido una comisión de investigación en el Congreso y ayer mismo, Vox presentó una querella contra el Gobierno y la SEPI en el Supremo por Plus Ultra, con acusaciones de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Ni estratégicas ni con problemas puntuales

La clave de esta situación es que estos rescates no cumplen las condiciones establecidas en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas: deben ser empresas estratégicas y sus problemas deben ser puntuales y provocados por el covid. Algo que no se cumple ni en el caso de Duro Felguera (el Gobierno sostiene que es estratégica a nivel asturiano pero arrastra una grave crisis desde hace años y se salvó del concurso in extremis en 2018), ni mucho menos en el de Plus Ultra: tiene una cuota de mercado irrisoria y nunca ha salido de pérdidas desde su fundación.

En la misma situación se encuentran otras empresas que han solicitado el rescate al citado fondo, como Abenewco (la filial de Abengoa) o Mediapro. Por tanto, hacer informes positivos sabiendo que no cumplen las condiciones supone un ‘trago’ para la plantilla de la SEPI.

En cuanto a los asesores externos, no avalan los rescates con su prestigio por dinero; de hecho, los emolumentos de la SEPI son bastante bajos. Lo hacen  porque el trabajo no es costoso -se basa en los informes del hólding, como se ha dicho- y porque lo habitual en casos anteriores era que posteriormente las empresas rescatadas los contratasen para tareas de asesoría.

Caza de brujas y descabezamiento

La cosa no acaba ahí, sino que el caso Plus Ultra ha hecho que el caos de la SEPI haya saltado de OKDIARIO a la portada de todos los medios nacionales, lo cual ha puesto muy nervioso al Ejecutivo, según las fuentes. Eso ha provocado la puesta en marcha de una caza de brujas para descubrir a los directivos o empleados que hablan con la prensa, lo que ha puesto todavía más nerviosa a la plantilla.

Esta presión se suma al descabezamiento del organismo, que ha permitido que su antiguo presidente, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, siga haciendo y deshaciendo en la sombra, como denunció OKDIARIO, pese a que dimitió en octubre de 2019 y a que está procesado por el caso Aznalcóllar. Y Montero no parece tener intención de cubrir este vacío a corto plazo, aunque el propio PP le ha propuesto ascender al actual vicepresidente, Bartolomé Lora.