El Gobierno recupera el descuento de 20 céntimos en las gasolineras tras dejarlo caer en plena subida de precios

Siete meses después de que empezara la guerra en Irán, mientras el estrecho de Ormuz sigue cerrado y la inflación en España disparada hasta el 4,9% anual -según ha informado hoy el INE-, en su reunión de este martes el Consejo de Ministros ha aprobado una prórroga de las ayudas fiscales al gasóleo y la gasolina, que se mantendrán hasta final de año, además de sendos topes sobre las facturas del gas y el butano.

En lo que refiere a los combustibles, el Gobierno ha optado por reeditar el esquema de minoración gradual de la rebaja sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) que ya aprobó en junio, de modo que esta bonificación será de 20 céntimos en octubre, 13 en noviembre y seis en diciembre, un hecho que resulta cuanto menos paradójico ya que el gasóleo venía de disfrutar de sendas rebajas de 10 céntimos en agosto y 15 en julio; en el caso de la gasolina el salto cualitativo es incluso mayor, pues la reducción en el IEH sobre este insumo ha sido de apenas 5 céntimos durante este mes de septiembre.

A partir de octubre la ayuda se situará en los veinte céntimos en ambos casos, en lo que supone el último vaivén de la montaña rusa tributaria que han vivido las gasolineras españolas en las últimas semanas, con unos altos y bajos que no se corresponden con la evolución real de los precios; sobre esto, nótese que la imposición de los carburantes subió tanto en julio como en agosto pese a que entre un mes y el otro la gasolina y el gasóleo se encarecieron alrededor de un 10%.

A pesar de ello, el paquete anticrisis vuelve al punto de partida en el que estaba en junio, cuando el Ejecutivo tuvo que diseñar a toda prisa un mecanismo de ayudas que sustituyera las rebajas del IVA contempladas en el primer Real Decreto -aprobado en marzo-, que tan criticado fue por la Comisión Europea debido a su excesivo alcance; según Bruselas, las ayudas fiscales de brocha gorda espolean el consumo y, por tanto, la inflación.

Para salir del embrollo, entonces Moncloa optó por aplicar una rebaja en el Impuesto de Hidrocarburos que sería de 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre. O al menos, ese era el plan, pues el mecanismo incluía una cláusula de salvaguardia que tuvo que aplicarse ya en agosto una vez el INE reveló que este insumo se había encarecido más de un 15% el mes anterior. Sin embargo, la rebaja fiscal de veinte céntimos para el gasóleo no se recuperó hasta septiembre, cuando este producto ya llevaba dos meses consecutivos de subidas. 

La historia se repite, pues una vez más la recuperación de la tarifa completa del impuesto estará ligada a la inflación, de modo que el Ejecutivo se reserva una cláusula de salvaguardia para ampliar de nuevo la bonificación si los precios de la gasolina y el gasóleo suben en exceso. «Si los precios suben por encima del 15%, volveríamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre», ha detallado el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

Como ya se ha avanzado, a esto se une un límite en la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural, que no podrá subir más de un 30% en octubre y un 15% en los meses siguientes, mientras que la bombona de butano queda topada en los 19,55 euros. En lo que refiere a la factura eléctrica, se mantiene también la salvaguarda para la rebaja del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad, que se reactivarían -como ya se fijaba en los anteriores decretos- si el precio de la electricidad o del gas subiera por encima del 15%.

Completan el listado de ayudas las bonificaciones especiales para la compra de combustible de transportistas y agricultores, que se prorrogan por tercera vez, además de una línea de ayudas de 15.000 millones para el ferrocarril de mercancías de locomotora diésel.

Lo cierto es que a nadie ha sorprendido en exceso el esquema planteado porque en las últimas horas Moncloa había venido filtrando su contenido con cuentagotas, aunque esto no es óbice para que pueda resultar polémico, pues han sido numerosos los institutos de análisis y organismos oficiales que en las últimas semanas han advertido de que a nuestro país no le sobra ni una décima de margen fiscal.

El último fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que en un informe muy duro publicado el pasado 15 de julio aseguró que solo los dos primeros Reales Decretos aprobados para paliar los efectos de la guerra en Irán ya habían provocado un alza del crecimiento del gasto hasta el 6,4%, una cifra que prácticamente dobla la que el Gobierno consignó en el Plan Fiscal y Estructural remitido a Bruselas.

«Este mayor crecimiento del gasto agota el margen que ofrece el marco fiscal europeo y hace que el cumplimiento en 2026 dependa de la cláusula de salvaguardia», aseguró el órgano supervisor. En concreto, esto significa que la entrada o no de nuestro país en un procedimiento de infracción (déficit excesivo) dependerá de si la Comisión acepta las medidas aprobadas por Moncloa y, con ello, tolera una desviación del dispendio hasta el máximo que legalmente puede, equivalente al 0,3% del PIB anual. Según la Airef, esto situaría a nuestro país «en el límite», y hay que tener en cuenta que este análisis no incluía el impacto tributario del Real Decreto aprobado hoy.