El Gobierno mantiene hasta final de año las ayudas a los carburantes

Sin sorpresas en la Moncloa. A siete meses de que empezara la guerra en Irán, mientras el estrecho de Ormuz sigue cerrado y la inflación en España disparada hasta el 4,9% anual -según ha informado hoy el INE-, en su reunión de este martes el Consejo de Ministros ha aprobado una prórroga de las ayudas fiscales al gasóleo y la gasolina, que se mantendrán hasta final de año. Concretamente, el Gobierno ha optado por reeditar el esquema de minoración gradual de la rebaja fiscal sobre el Impuesto de Hidrocarburos que ya aprobó en junio, de modo que esta bonificación será de 20 céntimos en octubre, 13 en noviembre y seis en diciembre.

Como ya sucediera con el anterior Real Decreto aprobado -ya ven tres desde que empezara la guerra-, la recuperación de la tarifa completa del impuesto estará ligada a la inflación, de modo que el Ejecutivo se reserva una cláusula de salvaguardia para ampliar de nuevo la bonificación si los precios de la gasolina y el gasóleo suben en exceso.

Como ya se ha avanzado, a nadie ha sorprendido en exceso el esquema planteado porque en las últimas horas Moncloa había venido filtrando su contenido con cuentagotas, aunque esto no es óbice para que pueda resultar polémicas, pues han sido numerosos los institutos de análisis y organismos oficiales que en las últimas semanas han advertido de que a nuestro país no le sobra ni una décima de margen fiscal.

El último fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que en un informe muy duro publicado el pasado 15 de julio aseguró que solo los dos primeros Reales decretos aprobados por el Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra en Irán ya habían provocado un alza del crecimiento del gasto hasta el 6,4%, una cifra que prácticamente dobla la que el Gobierno consignó en el Plan Fiscal y Estructural remitido a Bruselas.

«Este mayor crecimiento del gasto agota el margen que ofrece el marco fiscal europeo y hace que el cumplimiento en 2026 dependa de la cláusula de salvaguardia», aseguró el órgano supervisor. En concreto, esto significa que la entrada o no de nuestro país en un procedimiento de infracción (déficit excesivo) dependerá de si la Comisión acepta las medidas aprobadas por Moncloa y, con ello, tolera una desviación del gasto hasta el máximo que legalmente puede, equivalente al 0,3% del PIB anual. Según la Airef, esto situaría a nuestro país «en el límite», y hay que tener en cuenta que este análisis no incluía el impacto tributario del Real Decreto aprobado hoy.

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