El Gobierno de EEUU destroza a España por los impagos a las renovables y advierte de inseguridad jurídica
EEUU alerta además de otros obstáculos a la inversión: regulación compleja, elevada presión fiscal, burocracia lenta o fragmentación normativa entre regiones
Un informe del Departamento de Estado de EEUU advierte sobre invertir en España por los impagos a las renovables de Pedro Sánchez y Teresa Ribera, que ha aumentado la inseguridad jurídica en el país. En el informe Spain Investment Climate Statement de 2026, el Departamento de Estado del país norteamericano ha dedicado una sección específica a explicar cómo los cambios regulatorios introducidos en España entre 2010 y 2014 provocaron una oleada de litigios internacionales contra nuestro país, destacando que muchos de estos procedimientos siguen pendientes de resolución.
El Departamento de Estado no se limita a recordar la existencia de esos procedimientos, sino que cuantifica su alcance y subraya que el balance ha sido ampliamente desfavorable para España. Según recoge el informe, las reformas iniciadas en 2011 -por José Luis Rodríguez Zapatero, que amplió Mariano Rajoy- desencadenaron más de 50 reclamaciones de arbitraje de inversión contra el Estado español. Más de dos tercios de esos procedimientos han desembocado en laudos favorables a los inversores. La deuda supera los 2.000 millones de euros, según cálculos de los fondos acreedores.
El informe del Departamento de Estado sostiene que los inversores están intentando ejecutar los laudos ante tribunales de distintos países y añade que España «se ha resistido de forma consistente a su cumplimiento», invocando, entre otros argumentos, la inmunidad soberana o el Derecho de la Unión Europea.
Lo que destaca el Gobierno de Estados Unidos es una cuestión de seguridad jurídica: los inversores que acudieron a España bajo unas determinadas condiciones regulatorias vieron cómo se cambiaba la ley en mitad del partido y, posteriormente además, se ha optado por no pagar los laudos arbitrales. Es una clara advertencia a las empresas que quieran invertir en aquí. Estados Unidos el es primer inversor directo en España.
Washington destaca aspectos positivos relacionados con la inversión en España, como la posición geográfica, las infraestructuras de transporte, el tamaño de mercado, el capital humano y otros factores. Sin embargo, el informe considera que problemas institucionales como los impagos de las renovables elevan el riesgo jurídico y el coste de operar en España.
Porque los impagos a las renovables es un ejemplo, pero no el único. El Departamento de Estado también alerta de un entorno regulatorio complejo, una presión fiscal relativamente elevada y procesos burocráticos que siguen siendo costosos y lentos. Añade que la divergencia entre normas autonómicas y la falta de un mercado interior verdaderamente uniforme pueden limitar el crecimiento empresarial.
En materia de incentivos públicos orientados a captar inversión, el informe recoge que diferentes empresas extranjeras han experimentado retrasos a la hora de poder aplicarse beneficios fiscales y otras ayudas, o han encontrado cambios inesperados en sus condiciones después de haber sido aprobadas.
El conflicto de los impagos a las renovables se inició en 2007, cuando el Gobierno de Zapatero aprobó unas primas del 25% a las inversiones en energías renovables. Con la llegada de la crisis, Zapatero decidió unilateralmente reducir esas primas a las inversiones fotovoltaicas, lo que originó ya un primer arbitraje contra España en el Ciadi.
Cuando Rajoy llegó al poder en 2012 decidió unilateralmente reducir las primas a todas las inversiones renovables. Los inversores acudieron en masa al Ciadi, que les ha dado la razón en la mayoría de los casos. Sánchez decidió entonces no pagar esos laudos, obligando a los fondos acreedores a acudir a los tribunales ordinarios de países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia.
Estos tribunales ordinarios también están dando la razón a los fondos, abriendo la puerta a embargar bienes españoles en estos países.
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